La Procuraduría General de la República (PGR) se manifestó este lunes (17) por la inconstitucionalidad de la Ley nº 16.508/2026, del Rio Grande do Sul, y solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la suspensión cautelar de la norma.
Este dictamen puede convertirse en el precedente que servirá de parámetro para decenas de leyes estatales y municipales similares en todo el país. El documento fue firmado por el procurador general de la República, Paulo Gonet Branco.
Esto incluye el horario restringido de emisión (21h a 6h), la exigencia de advertencias con el 15% del área del anuncio y la prohibición de contenido con atractivo infantojuvenil.
La ADI 7.971 fue presentada por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y está bajo la relatoría de la ministra Cármen Lúcia.
Vea a continuación el documento completo:
Posición de la ANJL
Para la ANJL, autora de la acción, el dictamen de la PGR refuerza la tesis de que la competencia sobre la publicidad del sector es exclusiva de la Unión.
En un comunicado, el presidente de la entidad, Plínio Lemos Jorge, afirmó que la manifestación de la PGR representa “un avance importante para la consolidación de un ambiente regulado, seguro y jurídicamente estable en el país” y destacó el papel de la medida en el combate al mercado ilegal.
Según la ANJL, esto perjudica a los consumidores, a las empresas autorizadas y a la recaudación estatal.
Fundamentación
La PGR afirma que la ley de RS va más allá de la protección al consumidor. Crea reglas propias de publicidad, patrocinio, fiscalización y sanción para las apuestas, y eso es competencia exclusiva de la Unión, según el art. 22 de la Constitución.
El dictamen señala dos problemas más. Primero, la ley interfiere en telecomunicaciones y radiodifusión al tratar sobre la emisión de anuncios, el bloqueo de sitios y las obligaciones de los proveedores, también competencia de la Unión.
Segundo, al crear responsabilidad solidaria entre plataformas, agencias de publicidad y medios de comunicación, la ley entra en el Derecho Civil y Comercial, otra área que es exclusiva de la Unión.
Gonet Branco reconoce que la Ley federal 14.790/2023 no resuelve todos los problemas del sector de apuestas. Pero eso no da a los estados el derecho de legislar sobre el tema.
Por último, el dictamen recuerda que la Súmula Vinculante nº 2 del STF ya prohíbe a los estados legislar sobre loterías. Y pide que el STF decida el fondo del caso de una vez, sin esperar más.
La posición de la PGR sigue la manifestación de la Abogacía General de la Unión (AGU), que ya había solicitado la suspensión de la ley en junio, bajo el mismo argumento de invasión de competencia federal, una disputa que el staging-latam.next.io/ ya venía siguiendo desde las primeras manifestaciones del gobierno federal sobre el caso.
Por qué la urgencia
La PGR afirma que el STF no puede esperar el trámite normal del proceso, porque la ley ya está en vigor y produciendo efectos concretos: contratos de patrocinio, campañas publicitarias y la actuación de medios de comunicación y plataformas digitales ya están siendo moldeados por una norma que la PGR considera inconstitucional.
El plazo de 120 días que la ley da a las empresas para adecuarse ya está corriendo, es decir, el mercado se está ajustando a una regla que puede ser derogada.
Por eso, Gonet Branco recomienda que el STF no se limite a decidir la cautelar (una medida provisional) y ya convierta el juicio en una decisión definitiva, ya que los argumentos de ambas partes ya fueron totalmente presentados en el proceso.
Un caso que puede aplicar a todo el país
Lo que está siendo juzgado en el STF va más allá de Rio Grande do Sul. En los últimos meses, municipios como Río de Janeiro, Belo Horizonte, Aracaju, São Paulo, Cuiabá y Porto Alegre editaron o propusieron normas que restringen la publicidad de apuestas en espacios públicos, mobiliario urbano y eventos, y al menos un proyecto estatal sigue el mismo camino en Bahia.
Según el propio dictamen de la PGR, el caso “puede convertirse en un caso líder sobre la validez de las numerosas legislaciones municipales y estatales que prohibieron o crearon restricciones a la publicidad de plataformas de apuestas y juegos online en el país, fijando una tesis vinculante para todas las instancias inferiores”.
Lo que aún falta
El dictamen de la PGR es consultivo y no vincula al STF. La decisión sobre la cautelar corresponde a la ministra Cármen Lúcia, relatora del caso, o al pleno de la Corte.
En caso de confirmarse la suspensión, la PGR aclara que esto no legalizaría la publicidad de apuestas en RS, sino que, por el contrario, mantendría a los operadores sujetos únicamente a las sanciones de la legislación federal, dada la evaluación de que esta aún es insuficiente para el sector.
El caso se señala como posible precedente vinculante para decenas de leyes estatales y municipales que restringieron la publicidad de apuestas en el país en los últimos meses.