Durante el juicio del Recurso Extraordinario (RE) 966177 en el STF, el ministro Luiz Fux defendió mantener la criminalización de los juegos de azar en Brasil. La sesión se realizó en el Supremo Tribunal Federal este miércoles, día 5 de agosto.
Fux, quien también es relator del proceso, afirmó en la introducción de su voto que las bets, los juegos de azar, el bingo y las tragamonedas capturan a las personas mediante una nueva “estrategia mercadológica deletérea”.
El debate se cerró, pero debe retomarse este jueves, y cerrará un caso que lleva diez años en trámite en la Corte, en el que el artículo 50 de la Ley de Contravenciones Penales determina la prohibición de la explotación de juegos de azar.
Principales argumentos
En la apertura del juicio sobre la criminalización de los juegos de azar, la procuradora del Ministerio Público de Rio Grande do Sul, Flávia Raphael Mallmann, afirmó que el artículo 50 de la Ley de Contravenciones Penales de 1941 fue recibido por la Constitución Federal de 1988.
Para ella, seguir considerando los juegos de azar como delito “sigue siendo necesario ante la estrecha vinculación entre la explotación clandestina de juegos de azar y otras formas de criminalidad”.
A continuación, el abogado de la defensa, Laerte Luis Gschwenter, alegó que “no existe ninguna distinción técnica, jurídica o empírica que justifique considerar delito la operación territorial y física de cualquier bingo”.
Gschwenter también consideró que el Estado no tiene legitimidad para determinar que sea un delito las conductas en el ámbito de una elección individual del ciudadano, como argumento para la despenalización del juego de azar.
Sin embargo, como sostuvo Fux en la introducción de su voto, “no tiene lugar en la Constitución algo que permita extraer que la Constitución no recibió el juego de azar”.
El ministro agregó además que es una contradicción hablar de libertad de iniciativa cuando se trata de una actividad económica de juego de azar.
Para él, lo más relevante en la discusión sobre mantener la criminalización de los juegos de azar sería proteger el bien jurídico de mayor valor, en este caso, la sociedad, de los impactos nocivos del juego, incluyendo el uso de recursos para el lavado de dinero y el tráfico.
La presión debe aumentar en el Senado
Independientemente de la decisión del STF sobre mantener la criminalización de los juegos de azar y, en consecuencia, del casino, el bingo y el jogo do bicho, el debate en torno al tema no termina aquí.
Esto se debe a que permitir la explotación de juegos de azar en lugares públicos depende del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En el Senado Federal, el Proyecto de Ley 2.234/2022 tiene como objetivo liberar el funcionamiento de casinos, bingos, jogo do bicho y apuestas en carreras de caballos (turf).
Hay reglas específicas indicadas en el PL, como limitar la instalación de casinos físicos únicamente a complejos integrados de ocio y resorts, o también embarcaciones.
El proyecto también determina que cada estado podrá tener como máximo un casino, con excepción de São Paulo, que podrá tener 3, y Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas y Pará (hasta 2 para cada estado).
Aunque está listo para ser votado en el plenario desde diciembre de 2024, todavía no hay fecha para que eso suceda.
Recordemos el Recurso Extraordinario (RE) 966177
El caso que dio origen al RE 966177 ocurrió tras una decisión de la Justicia de Rio Grande do Sul en 2015, que consideró que el artículo 50 de la Ley de Contravención Penal no fue recibido por la Constitución.
Por su parte, el Ministerio Público recurrió la sentencia ante el STF. El Supremo consideró la relevancia nacional de la discusión y, por ello, el proceso pasó a tener repercusión general.
