El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmado un decreto que impone una prohibición total a los juegos de azar en internet, legalizados en los últimos años tras décadas de veto.
La Medida Provisional 1.394, emitida el viernes 25 de septiembre, prohíbe en todo el territorio nacional la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las conocidas como “bets”. La prohibición alcanza a las apuestas deportivas de cuota fija y a los juegos y casinos online. Afecta, además a las autorizaciones concedidas por estados y el Distrito Federal, aunque no incluye a otras modalidades de lotería ya permitidas por la legislación brasileña.
La ley prohíbe de manera instantánea la realización de nuevos depósitos o la aceptación de apuestas en las plataformas que operaban en el país. El Gobierno brasileño ha establecido así un calendario que obliga al cierre definitivo de las webs y aplicaciones para el próximo 6 de octubre. Los operadores que contaban hasta ahora con licencia para funcionar en el país no podrán solicitar un reembolso o una compensación por las tasas que abonaron por las autorizaciones.
A pesar de que la medida tiene efectos inmediatos, todavía debe pasar por el Congreso. Como sucede con las medidas provisionales brasileñas, puede aplicarse desde su publicación, aunque la Cámara de Diputados y el Senado deben aprobarla para que continúe en vigor; si no lo hacen dentro del plazo constitucional, que puede alcanzar los 120 días, perderá validez.
La decisión representa un giro drástico con respecto a años recientes. Cabe mencionar que fue el propio Lula quien reguló las apuestas en 2023, tras la legalización en 2018. Desde enero de 2025, las empresas que obtuvieron licencia pasaron a operar en un mercado regulado, con impuestos y mecanismos de control y fiscalización.
Gigantes internacionales como Betano, bet365 y Entain han invertido enormes recursos en la transición hacia un mercado regulado.
Para las empresas que destinaron importantes cantidades de dinero para obtener licencias, constituir empresas en Brasil, contratar personal local y adaptar sus productos y servicios para cumplir con los requisitos de la normativa, las consecuencias serían devastadoras.
Las empresas tienen un plazo acotado para cerrar operaciones
El calendario de cierre deja a los operadores con un margen de maniobra muy limitado.
Desde el 25 de septiembre, están prohibidos los nuevos depósitos, aunque los usuarios pueden acceder a las plataformas para retirar el dinero que todavía tengan disponible. El plazo para hacerlo voluntariamente termina a las 23.59 horas del 5 de octubre y, a partir del día 6, las páginas web y aplicaciones deberán quedar bloqueadas en Brasil.
Entre el 7 y el 8 de octubre las empresas deberán comunicar a las entidades financieras los saldos pendientes de los clientes, y los bancos tendrán del 9 al 14 de octubre para devolverlos.
Asimismo, las marcas tienen un plazo de 10 días para retirar sus anuncios y elementos de patrocinio físico y digital.
Por otro lado, el Ejecutivo ha creado un comité interinstitucional para combatir la ilegalidad. Hacienda y Justicia pretenden identificar y bloquear páginas no autorizadas mediante la colaboración de Anatel, proveedores de internet, tiendas de aplicaciones y entidades financieras. Las sanciones administrativas previstas para quienes incumplan las nuevas normas pueden llegar hasta los 2.000 millones de reales, además de incluir suspensiones de actividad.
De regular la actividad a prohibirla
Lo que resulta sorprendente es la rapidez con la que se ha producido este giro, especialmente si se tiene en cuenta que Brasil pasó años debatiendo cómo regular las apuestas.
En 2018, el entonces presidente Michel Temer puso fin a décadas de veto y legalizó la actividad; a finales de 2023, Lula aprobó la Ley 14.790, que estableció las reglas para el sector.
Hace apenas una semana, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) anunciaba nuevas medidas destinadas a robustecer el mercado formal y combatir la ilegalidad a través de mecanismos más estrictos de bloqueo de pagos y medidas de control financiero.
Todos esos esfuerzos han quedado en nada con la prohibición.
El anuncio llegó acompañado de otra medida dirigida a un problema que el Gobierno considera estrechamente relacionado: el endeudamiento de los hogares.
Lula presentó un nuevo programa para renegociar deudas vencidas. El Estado prevé destinar 15.000 millones de reales para comprar hasta 150.000 millones de reales en créditos impagos con descuentos de al menos 90%.
En los días previos a la medida, Lula había endurecido su discurso sobre las apuestas y las había calificado como un “problema de salud pública”.
Para el sector regulado, la decisión genera justificadas dudas sobre la seguridad jurídica en Brasil.
A menos de dos años de que el propio Gobierno pusiera en marcha el marco legal que les permitía funcionar, les piden que se retiren.
Como dijo recientemente un abogado especializado en igaming: “el sector vivirá momentos de mucha turbulencia”, si el Congreso da el visto bueno.
Habrá que seguir de cerca las elecciones del próximo domingo 4 de octubre.