La Justicia suspende a Pixbet por falta de bloqueo de menores

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El Tribunal de Justicia de Paraíba (TJPB) mantuvo la decisión de retirar del aire a Pixbet y otros dos sitios de la marca, Flabet y Bet da Sorte, tras el análisis de un recurso presentado por la empresa.

La Justicia suspende a Pixbet y sus plataformas debido a una acción contra la marca que alega fallas en los mecanismos de juego responsable en relación con el bloqueo de acceso y registro de niños y adolescentes en los sitios de apuestas.

¿Por qué Pixbet fue suspendida?

Presentada inicialmente ante la Vara de la Infancia y la Juventud de la Comarca de Campina Grande, la acción fue interpuesta por el padre Júlio Lancellotti y dos entidades de derechos humanos.

Tanto el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Padre Ezequiel Ramin como la Asociación Francisco de Asís: Educación, Ciudadanía, Inclusión y Derechos Humanos, junto con Lancellotti, formalizaron la solicitud ante la Justicia debido a fallas en impedir el acceso de menores.

Por ley, todos los sitios de apuestas licenciados deben exigir, para el registro, CPF y verificación biométrica conforme a las bases de información oficiales del país.

Además, se exige el reconocimiento facial cada vez que el usuario realiza un depósito o una solicitud de retiro en el sitio de apuestas.

Y uno de los aspectos más importantes es el bloqueo automático del CPF identificado como de un menor de edad.

Sin embargo, la Justicia suspende a Pixbet precisamente por el hecho de que la casa de apuestas presenta fallas en estos tres requisitos de juego responsable y de combate al acceso de niños y adolescentes.

Multa de R$100 mil por día

Otro aspecto señalado en el primer dictamen fue el hecho de que, para el juez del caso, Pixbet utiliza en sus sitios una comunicación con atractivo dirigido al público menor de edad.

Esto iría en contra de las determinaciones expresas en el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) y en la Ley de las Bets.

La Justicia suspende a Pixbet, pero también determina una multa diaria de R$100 mil, con un límite de R$100 millones.

Para volver a operar, la empresa debe comprobar que cuenta con mecanismos de seguridad implementados en sus plataformas, como el reconocimiento facial y prueba de vida, verificación biométrica y bloqueo automático del CPF de menores.