El secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Dario Durigan, defendió nuevamente el modelo regulatorio adoptado por Brasil para el mercado de apuestas online, destacando la importancia de la fiscalización y del combate a la ilegalidad para el desarrollo del sector.
Las declaraciones se dieron durante un evento promovido por JPMorgan, en São Paulo, un día después (10) de que Durigan afirmara, en una entrevista a InfoMoney, que el gobierno necesita ser “duro en la regulación” de las apuestas y que la prohibición de la actividad podría favorecer a los sitios ilegales y perjudicar la capacidad de fiscalización del Estado.
En el evento, el secretario ejecutivo usó el sector de apuestas como ejemplo de la ampliación de la capacidad regulatoria del gobierno brasileño.
Según él, los operadores pasaron a actuar bajo un régimen de tributación, monitoreo y fiscalización más robusto que el observado antes de la reglamentación.
Durigan afirmó que, en gobiernos anteriores, los operadores tenían “la misma inmunidad que las iglesias”, en referencia a la ausencia de tributación y supervisión específicas para la actividad.
Según el secretario, el escenario cambió con la reglamentación del mercado, que pasó a exigir licenciamiento, recaudación de tributos, intercambio de datos con el gobierno y monitoreo permanente de las operaciones.
Destacó que ese trabajo ya resultó en el cierre de más de 30 mil empresas irregulares y en la prohibición del uso del mercado de tarjetas de crédito para apuestas, con el objetivo de proteger el presupuesto familiar.
Exaltación de la gestión
Las declaraciones refuerzan la estrategia utilizada por el Ministerio de Hacienda (SPA) desde la implementación del mercado regulado de apuestas de cuota fija.
El modelo brasileño combina licenciamiento, tributación, monitoreo de transacciones, intercambio de información con las autoridades y exigencias relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el juego responsable.
La declaración también ocurre en un contexto de intensificación de esfuerzos por parte del gobierno para reducir la participación del mercado ilegal de las bets.
Entidades de la industria, como ANJL e IBJR, defienden que el fortalecimiento de la fiscalización y el aumento de la canalización hacia operadores licenciados son factores esenciales para el éxito de la reglamentación y para la protección de los consumidores.
La declaración de Durigan señala que el gobierno de Lula pretende usar el avance en la regulación de las bets como demostración de su capacidad de estructurar mercados antes informales, y de aumentar la recaudación sin recurrir a prohibiciones.
