La diputada federal Ana Paula Lima (PT-SC) presentó el Proyecto de Ley 4.761/2026, que crea una tasa específica sobre los ingresos de las bets para costear el tratamiento de salud mental a través del Sistema Único de Salud, el SUS.
El texto crea la Tasa de Fiscalización Sanitaria sobre Apuestas de Cuota Fija (TFS-Apuestas), con una alícuota inicial del 2% sobre los ingresos de las empresas autorizadas a operar en el país.
La base de cálculo es la misma ya utilizada por la tasa de fiscalización creada por la Ley nº 13.756/2018, lo que evita, según la justificación del proyecto, la creación de una nueva sistemática de cálculo para las operadoras.
El porcentaje podrá variar entre 1% y 6% en revisiones futuras, conforme a los costos que el SUS efectivamente identifique en la atención a personas con trastorno del juego.
Toda la recaudación será destinada al Fondo Nacional de Salud, a través de la subcuenta “Subcuenta de Enfrentamiento al Trastorno del Juego”, con uso exclusivo y prohibición de destinarla a otros fines.
Notificación obligatoria
Además del cobro financiero, el proyecto incluye el trastorno del juego en la lista de enfermedades de notificación obligatoria, exigiendo que los casos sean informados a las autoridades de salud.
El texto prevé el sigilo de los datos personales de los pacientes, de conformidad con la Ley General de Protección de Datos.
Las operadoras también tendrán la obligación de informar anualmente al Ministerio de Salud, de forma agregada y anónima, el número de apostadores identificados con perfil de alto riesgo de dependencia.
Contexto
La propuesta llega en medio de un aumento del escrutinio sobre los impactos sociales del sector.
Según datos del Comité Nacional de Secretarios de Hacienda (Comsefaz), con base en estadísticas del Banco Central, las familias brasileñas perdieron R$ 62,5 mil millones con apuestas entre octubre de 2024 y marzo de 2026.
En la justificación, Ana Paula Lima argumenta que la legislación actual destina solo el 1% de la recaudación de las bets a la salud, lo que no sería suficiente frente al costo de tratar el trastorno del juego, hoy reconocido por el Ministerio de Salud como un problema de salud pública.
El proyecto aún debe ser distribuido a las comisiones de la Cámara de Diputados antes de seguir para votación.