Paraguay avanza hacia una importante reforma de sus leyes de juego, con planes para establecer un regulador independiente con facultades para actuar contra los operadores no autorizados.
La legislación respaldada por el gobierno, presentada al Congreso el 12 de octubre, reemplazaría a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por un nuevo regulador, la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar).
Dinajzar tendría su propia personalidad jurídica y una mayor independencia financiera y operativa que su predecesora.
Javier Balbuena, abogado y exjefe de Conajzar, declaró a NEXT.io que es “muy probable” que la legislación sea aprobada, ya que se está formando un consenso entre los legisladores sobre la necesidad de renovar la estructura regulatoria existente.
El proyecto de ley está siendo analizado actualmente por varias comisiones del Senado, que celebraron una reunión conjunta el 26 de octubre para debatir las reformas.
Balbuena señaló que los principales desacuerdos giran en torno a la propuesta de ampliar los periodos de licencia de cinco a hasta 10 años, y a cómo deben distribuirse los ingresos del juego entre los gobiernos regionales y municipales.
“Anteriormente hemos tenido propuestas parciales y soluciones temporales”, dijo. “Ahora el Congreso busca una reforma estructural completa”.
Paraguay busca facultades más sólidas contra el juego ilegal
Las reformas propuestas llegan menos de dos años después de que la supervisión de Conajzar pasara del Ministerio de Economía y Finanzas a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Sin embargo, Balbuena señaló que la reestructuración no logró producir las mejoras previstas, ya que el regulador no pudo responder eficazmente al juego ilegal ni avanzar en los procesos de licenciamiento. El cambio había “debilitado los procesos administrativos”, añadió Balbuena.
Según las nuevas propuestas, Dinajzar obtendría mayor autonomía y capacidades de control, incluidas facultades para actuar contra sitios web de juego en línea no autorizados y proveedores de pago.
Balbuena indicó que el regulador podría ordenar a las empresas de telecomunicaciones y a las entidades financieras bloquear sitios web, aplicaciones y pasarelas de pago ilegales. También habría sanciones de hasta cinco años de prisión para los operadores ilegales.
La magnitud del desafío en materia de control quedó de manifiesto durante una reunión de una comisión del Senado el lunes.
El senador Luis Pettengill (en la foto) afirmó que Conajzar cuenta actualmente con solo 12 funcionarios responsables de supervisar el juego en todo el país.
“Tenemos una gran falta de control sobre el juego de menores en ciudades de todo el país”, afirmó Pettengill.
Agregó que los legisladores pretenden elaborar una versión más definitiva de la legislación en un plazo de 15 días.
El mercado de casinos en línea podría experimentar una mayor expansión
Las reformas propuestas podrían dar lugar a la emisión de nuevas licencias para operadores de casino en línea, bingo y casas de apuestas deportivas. Balbuena señaló que el país cuenta actualmente con más de 20 operadores de casino en línea autorizados.
Sin embargo, a pesar de la introducción en 2025 de una legislación que permite emitir más licencias de apuestas deportivas, Aposta.la sigue siendo la única marca regulada de ese sector.
Balbuena indicó que la nueva legislación establecería un marco competitivo más formal para el juego en línea, con decisiones de licenciamiento basadas en requisitos técnicos y financieros.
“El número final de licencias ya no dependerá de monopolios legales ni de esquemas provisionales, sino de las condiciones técnicas, financieras y de aprobación de plataformas establecidas por Dinajzar”, afirmó.
Según informes de medios locales, las propuestas contemplan 26 licencias de juego en línea, y las autorizaciones provisionales existentes vencerían en enero de 2028.
Los informes también indicaron que los licenciatarios deberán pagar una tarifa mensual mínima de PYG 12 millones (1.843 €) y el 7% del GGR.
Balbuena señaló que la carga tributaria exacta aún está por confirmarse, pero indicó que el IVA no se aplica actualmente de forma directa a las apuestas.
Las ganancias de juego de PYG 500.000 (aproximadamente 77 €) o más están sujetas a una retención del 8%.
Nuevas protecciones para los jugadores y restricciones publicitarias
Los cambios propuestos también introducirían requisitos más estrictos en materia de identificación de jugadores, juego responsable y publicidad.
La legislación buscaría introducir límites de depósito, el monitoreo de comportamientos de juego potencialmente perjudiciales y un registro centralizado de autoexclusión.
Las restricciones publicitarias incluirían límites sobre cuándo podrían aparecer las promociones de juego, así como una prohibición del marketing dirigido a menores.
Además, las medidas exigirían que los influencers, organizaciones de medios y otras empresas que promocionan el juego se registren ante el regulador.
El proyecto de ley permanece en la etapa de comité del Senado, sin que se haya anunciado una fecha para una votación parlamentaria completa.