Como uno de los países anfitriones del Mundial de este verano, el paso de México hasta los octavos de final capturó la imaginación de millones en el país. Su mercado de apuestas online experimentó un auge aún mayor.
Los volúmenes de apuestas fueron más de cuatro veces superiores a los registrados durante Qatar 2022, según datos del proveedor de infraestructura de pagos y transacciones STP. Mordor Intelligence estima que el mercado del juego online de México valdrá aproximadamente 970 millones de dólares en 2026, y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,6% hasta 2031.
Sin embargo, mientras las apuestas y el juego online experimentan un auge, las autoridades todavía no han logrado acordar un marco regulatorio capaz de seguirle el ritmo. La industria continúa operando bajo una legislación que data de 1947, junto con regulaciones introducidas en 2004 y modificadas más recientemente en 2023.
“Lo que falta es voluntad política”, afirma Andrea Avedillo, directora legal del bufete Lazcano Sámano, a NEXT.io.
El marco actual no fue diseñado para una industria moderna del juego online, con su nueva tecnología, productos y métodos de pago, ni para las medidas de protección al jugador mucho más amplias que ahora se esperan de los operadores regulados.
Dicho de forma sencilla, el mercado del juego de México ha evolucionado a una velocidad que su marco regulatorio no ha podido igualar.
Avedillo afirma que esto se debe en parte a que el juego sigue siendo un tema políticamente delicado en el país. Aunque se han presentado numerosas propuestas de reforma en los últimos años, el progreso legislativo real ha sido muy escaso.
“El juego sigue conllevando un coste político significativo y, por esa razón, pocos están dispuestos a llevar la discusión al ámbito público”, afirma.
La protección del jugador vuelve al centro del debate
Gran parte del debate gira en torno a la seguridad y protección del jugador.
“En un entorno en el que estamos permanentemente expuestos a contenido a través de diferentes medios y dispositivos, cuestiones como la regulación de la publicidad, la protección de menores y la promoción del juego responsable han cobrado especial importancia”, afirma Avedillo.
A principios de este mes, el legislador de la Ciudad de México Alberto Martínez Urincho, del partido gobernante Morena, presentó una serie de propuestas de reforma.
Estas incluían el uso de controles de identidad biométricos para ayudar a evitar que los menores jueguen, la eliminación de la publicidad de apuestas de las transmisiones deportivas y la restricción del uso de celebridades, atletas e influencers para promocionar servicios de juego.
También se prohibirían los bonos de bienvenida y otras herramientas promocionales diseñadas para fomentar el registro, los depósitos o un juego más frecuente. Los mercados de predicción se incorporarían al marco del juego, y se prohibirían los contratos relacionados con eventos políticos, conflictos armados y desastres naturales.
Sin embargo, las propuestas de Martínez Urincho enfrentan grandes obstáculos. Él forma parte del Congreso de la Ciudad de México, mientras que la Ley Federal de Juegos y Sorteos es, como su nombre indica, una pieza de legislación federal. Esto significa que la propuesta primero debe pasar por el proceso legislativo local antes de poder enviarse al Congreso federal de México.
“En términos prácticos, este escenario reduce sus posibilidades de aprobación”, afirma Avedillo.
Buscando un término medio
Alrededor del 60% del juego online en México no cuenta con licencia, según Miguel Ángel Ochoa, presidente de la asociación comercial AIEJA.
Ochoa ha pedido a las autoridades que creen las condiciones necesarias para que los operadores con licencia puedan competir de manera más efectiva contra los sitios web offshore y sin licencia.
“La expansión de las apuestas online es innegable, aunque el crecimiento del sector no se encuentra entre los principales objetivos del regulador”, afirma Ochoa a NEXT.io.
“Un marco regulatorio claro y específico para el sector, acompañado de una reforma fiscal adecuada, generaría ingresos adicionales”.
Avedillo señala que gran parte de la actividad regulatoria de los últimos años se ha centrado en imponer más obligaciones y restricciones a los actores del mercado con licencia, en lugar de fortalecer la aplicación de la ley contra el sector no regulado.
“El juego ilegal es un desafío global que se alimenta tanto de la ausencia de regulación como del exceso de regulación”, afirma Ochoa.
México, argumenta, necesita encontrar un término medio.
“Necesitamos un equilibrio que nos permita reducir el juego ilegal, pero eso requeriría cooperación internacional. Un poco de voluntad política ayudaría a avanzar en este tema”, añade.
Aumenta la presión fiscal
El Paquete Económico 2026 de México incluyó una serie de aumentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del país.
Los cambios abarcaron productos como bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos y combustible, además del juego online. En el caso del iGaming, la tasa del IEPS aumentó del 30% al 50%.
Desde el 1 de enero de 2026, tanto las plataformas nacionales como las extranjeras también están obligadas a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes de México, retener el IEPS correspondiente y realizar pagos mensuales al Servicio de Administración Tributaria.
El aumento ha generado mayor presión sobre los márgenes de los operadores.
Sin embargo, Ochoa considera que el problema central para la industria no es la obligación de pagar impuestos, sino la incertidumbre generada por la continua ausencia de un marco legal sólido y moderno.
“Cuando hablamos de incertidumbre, nos referimos a la dificultad que enfrentan las empresas para planificar y hacer proyecciones”, afirma.
“Durante años, AIEJA ha intentado convencer a las autoridades de considerar una reforma fiscal para nuestro sector, concentrada a nivel federal y posteriormente redistribuida a estados y municipios, sobre la base de la equidad y la proporcionalidad.”
Hasta ahora, esos esfuerzos no han logrado un avance significativo.
¿Cómo debería ser una buena regulación?
México corre el riesgo de perder la oportunidad de consolidarse como uno de los mercados de juego más importantes de América Latina, y la falta de modernización de su sistema regulatorio representa un riesgo económico cada vez mayor.
Una regulación eficaz debe mantenerse al día con la innovación. La protección del jugador también debe seguir siendo una prioridad alta. Pero una buena regulación debe tener en cuenta las consecuencias no deseadas.
“La regulación es un proceso continuo”, dice Avedillo. “El objetivo no debería ser regular más, sino regular mejor.”
Esto debe incluir un componente educativo. Avedillo señala que muchos consumidores desconocen cómo identificar a los operadores autorizados, a pesar de que existe el requisito de mostrar el permiso en sus sitios web.
“De poco sirve exigir que cierta información sea visible en una plataforma si el usuario no sabe qué buscar ni qué significa”, afirma Avedillo.
“Necesitamos educar a los jugadores para que sepan distinguir una plataforma legal de una ilegal. Es fundamental que comprendan por qué esa distinción importa y sepan cómo verificar el estatus legal de los sitios web.”
Como siempre, la cuestión vuelve a la política. Una propuesta que sigue estancada fue presentada por el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja. En octubre de 2025, el representante del Partido del Trabajo propuso derogar la ley de 1947 y sustituirla por un marco regulatorio modernizado.
Su iniciativa incluye la creación de un regulador específico que operaría bajo la Secretaría de Gobernación y que asumiría la responsabilidad de regular el sector. También introduciría medidas de juego responsable.
Otra propuesta, presentada en febrero por el diputado federal Jericó Abramo Masso, tampoco ha avanzado. Su iniciativa busca prohibir la publicidad de casinos y plataformas de apuestas en televisión abierta y de paga durante el horario diurno y la noche temprana.
Avedillo advierte que los legisladores deben evitar que las propuestas de reforma simplemente desaparezcan al llegar a la etapa de comisión. Aunque parece existir un amplio consenso sobre la necesidad de hacer más para proteger a los consumidores, hay mucho menos acuerdo sobre cómo lograrlo.
“El diálogo entre el sector público y el privado es limitado en este momento”, dice. “La administración actual no ha mostrado el mismo nivel de apertura al diálogo con la industria que vimos en administraciones anteriores, lo que dificulta construir soluciones de manera conjunta.”
Por ahora, el entorno político parece ofrecer pocos motivos para el optimismo.
“A menos que haya un cambio de rumbo en los próximos meses, la expectativa más razonable es que el mercado siga operando esencialmente como lo hace hoy, con importantes cuestiones aún sin resolver”, concluye Avedillo.