La Comisión de Economía del Senado de Chile ha acordado crear una mesa técnica con el Ejecutivo para debatir posibles cambios en el proyecto que busca regular las apuestas online.
La decisión llega luego de la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) emitida el 2 de junio, que permite a plataformas extranjeras de apuestas que operan sin domicilio en Chile cumplir obligaciones fiscales.
La medida del SII generó cuestionamientos entre los senadores, que consideran que es contradictorio e incoherente cobrar impuestos a estas empresas si no hay una regulación que autorice expresamente la actividad.
El superintendente subrogante de Casinos de Juego, Eduardo Cáceres, señaló que el marco normativo actual permite únicamente la explotación de juegos de azar en casinos físicos.
Explicó, además, que desde 2018 la Superintendencia ha presentado 123 denuncias ante el ministerio público relacionadas con sitios de apuestas online. Entre los reclamos más frecuentes figuran problemas para cobrar premios, irregularidades en el desarrollo de los juegos y el acceso de menores de edad a estas plataformas.
Remarcó que la posición de la SCJ es a favor de “avanzar en la regulación del juego en línea”. Y afirmó: “Nos va a permitir el resguardo de la fe pública, el aumento de la recaudación fiscal y otros puntos que son mucho más críticos que tienen que ver con transparentar los orígenes y los destinos de los recursos que se obtienen a través de esta actividad y combatir el lavado de activos”.
El proyecto, iniciado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, busca crear un marco legal para las apuestas online, incluyendo requisitos de operación, mecanismos de fiscalización, protección de jugadores y restricciones para impedir el acceso de menores de edad.
El Gobierno espera recaudar 84 mil millones de pesos chilenos anuales una vez que la regulación entre plenamente en funcionamiento.
Según el proyecto, las plataformas online pagarán para operar un gravamen para licencia general de mil UTM anual (71.506.000 de pesos chilenos). Además, el 2% de sus ingresos brutos se destinará al deporte. De dicho porcentaje, 1/3 se entregará al Instituto Nacional de Deportes, que lo repartirá entre distintas federaciones deportivas. El segundo tercio, irá al Comité Olímpico de Chile (COCH), mientras que el tercio restante se destinará al Comité Paralímpico de Chile.
En impuestos generales y específicos, el proyecto equipara las normas a lo que ocurre con los casinos. Considera el impuesto a la renta de la sociedad operadora y el IVA por ser un servicio de entretenimiento, en este caso, digital.
Se fija, también, un impuesto específico del 20% a ingresos brutos. Junto a ello, un aumento de la tasa del 1% de aporte al juego responsable. Esto, con posibilidad de descontar desembolsos si se destinan acciones a dicho fin.
En cuanto a herramientas de fiscalización, se otorgan nuevas facultades al SII y a la Superintendencia de Casinos y Juegos, que pasará a denominarse “Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar”.