Lula fue reelegido el domingo (25) con el 51,79% de los votos válidos, el mismo día en que la prohibición de las apuestas en Brasil cumplió un mes y las licencias de 85 operadores perdieron su validez.
El resultado no define, por sí solo, el futuro del mercado, que ahora depende del STF y del Congreso. Y, mientras espera, parte del propio sector comienza a admitir que perdió el relato del juego responsable.
En los mercados de predicción, el giro fue brusco. Polymarket, donde la elección movió más de US$ 200 millones, llegó a dar un 80% de probabilidad a Flávio Bolsonaro el sábado (24) y cambió a favor de Lula en la noche del domingo.
Lo que la victoria significa para las bets
Lula emitió la MP el 25 de septiembre, nueve días antes de la primera vuelta, en una medida vista como una apuesta electoral, y terminó dando vuelta al juego contra Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta.
Para el abogado Luiz Felipe Maia, de MYLaw Advogados, una revocación a corto plazo es improbable, pero el debate puede cambiar. “Apoyar la prohibición y apoyar cualquier consecuencia de la prohibición son cosas diferentes”, afirmó a staging-latam.next.io/. Cuando quede claro que la demanda migró hacia sitios sin autorización, la cuestión para el gobierno “dejará de ser ‘dar marcha atrás’ y pasará a ser cómo proteger al consumidor frente a un mercado que no desapareció”.
En el sector, la reacción fue más dura. Thomas Carvalhaes, CEO de TC Advisors, afirmó: “Como brasileño y como ejecutivo del sector de juegos y apuestas para América Latina desde hace casi 20 años, es imposible negar que venimos sufriendo una serie de golpes duros, injustos, incorrectos, nada éticos por parte de nuestro gobierno, el mismo gobierno que legalizó y reguló el sector.
Cómo la promesa o contrato de cinco años simplemente rompe ese contrato como medida arbitraria, unilateral, autoritaria. Actitud de un dictador. Lo que más preocupa es que es una serie de ataques contra un sector regulado en el mercado brasileño.”
Para él, la victoria de Lula “nos deja perplejos”, pero la formación del nuevo Congreso trae “cierta positividad”. Carvalhaes defiende que el sector se acerque al gobierno. “Tenemos que remangarnos aún más. No sirve de nada llorar sobre la leche derramada ahora.”
En un comunicado, la Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) felicitó a Lula por su reelección y dijo esperar “que el diálogo se restablezca y el estado democrático de derecho prevalezca”.
La entidad se puso a disposición del Congreso y del Ejecutivo para perfeccionar el mercado regulado y combatir las bets ilegales que, según el comunicado, “lamentablemente, dominaron el país durante la prohibición a las empresas legalizadas”.
El sector perdió el relato
La prohibición pesó poco en el voto, pero tampoco encontró resistencia en la sociedad. Para parte del propio mercado, esto dice menos sobre el gobierno y más sobre cómo se comportó el sector durante los 21 meses de mercado regulado.
La propia IBIA, que defiende el mercado regulado, reconoce que la publicidad, la protección de los consumidores y la supervisión de los operadores “exigen atención continua”.
Para Fellipe Fraga, CBO de Stellar Gaming, el sector necesita enfrentar este problema antes de atribuir su destino solamente a la política. “Nos equivocamos en el tono de la publicidad y en la forma de competir. Hablamos demasiado de las ventajas de cada operación y demostramos muy poco cómo protegeríamos a las personas expuestas a los riesgos de la actividad”, escribió en un artículo de opinión para staging-latam.next.io/. “Dejamos la pelota picando para quien quisiera patearla.”
Para Fraga, esto le dio argumentos al gobierno. “El mensaje de que ‘se acabaron las bets’ es simple y políticamente poderoso.” Recuperar la credibilidad exigirá aceptar límites a la adquisición, a la publicidad y a la retención de clientes. “En determinadas situaciones, proteger al jugador exigirá renunciar a ingresos.”
Consultado por staging-latam.next.io/, Marcos Sabiá, exCEO de Galera Bet, considera la prohibición “ilegal y tremendamente equivocada”, pero reconoce que esta “solo tuvo ambiente para ocurrir porque el universo político percibió algún dividendo al prohibirlas entre el casi 80% que desaprueba las bets”.
Para él, reconquistar a la sociedad será “una cuestión de supervivencia”, con “un esfuerzo de comunicación disciplinado, sincero y costoso en varios aspectos”. “Las bets necesitan considerar un mercado con restricciones, especialmente en términos de publicidad, con especial atención al juego responsable más allá del burocrático ‘juega con responsabilidad’”, afirmó.
Ana Clara Barros, abogada y vicepresidenta de AIGAMING, ve en el episodio una alerta para el propio sector. “El juego enfrenta un escrutinio creciente en todo el mundo, no solo en Brasil.
Antonio Forjaz, head LatAm de Sportingbet, señala acciones concretas: en la empresa, el cliente configura obligatoriamente herramientas de control, y las cuentas son monitoreadas diariamente por un modelo de “Markers of Harm”, con revisión humana en los casos de mayor riesgo, que pueden llevar a límites de depósito, bloqueos o exclusión.
Para él, el juego responsable “es una agenda sistémica y exige la participación de otros sectores, como instituciones financieras y empresas de crédito”. “Ninguna de esas protecciones existe en el mercado ilegal, y la población necesita estar informada sobre esto.
Tal vez sea hora de que el sector se pregunte qué futuro quiere construir”, dijo. “¿Nos estamos posicionando como un sector legítimo, que genera empleos, paga impuestos, atrae inversiones y contribuye con la sociedad, o todavía vendemos poco más que ‘diversión irresponsable’?”
Según ella, la cuestión va más allá del cumplimiento de las reglas y pasa por la forma en que el sector se presenta. “No podemos exigir ser tratados como un sector maduro y responsable mientras, por ejemplo, objetificamos a mujeres en ferias, glorificamos el exceso y convertimos eventos profesionales en fiestas sin fin. Esto es una alerta.”
Sindibets-SP admite el problema. “El sector enfrenta, sin duda, un desgaste importante en la percepción pública, y reconocemos que hay un trabajo significativo por hacer para reconstruir la confianza de la sociedad”, afirmó Laura Morganti, abogada y directora financiera de Sindibets-SP, sindicato patronal de las empresas de apuestas online de São Paulo.
Ella señala una paradoja: las restricciones de la MP a la publicidad pueden alcanzar incluso a las campañas de juego responsable, justamente cuando el sector más las necesita. “El sector debe estar preparado para demostrar, cuando existan condiciones legales para ello, que el juego responsable no es solo un discurso, sino un compromiso efectivo”, afirmó.
El saldo de un mes
En un mes, los sitios dejaron de funcionar y las 85 licencias federales perdieron su validez. Según la ANJL, más de 3.500 trabajadores fueron despedidos hasta principios de octubre, como staging-latam.next.io/ mostró.
Mientras el mercado legal espera, el ilegal avanza. La International Betting Integrity Association (IBIA), entidad financiada por operadores y dedicada al monitoreo de la integridad de las apuestas, calcula que el costo de la prohibición va más allá del mercado.
Con base en estimaciones de H2 Gambling Capital, la asociación proyecta que, sin una alternativa legal, cerca del 60% de la actividad del mercado regulado, equivalente a R$ 25 mil millones, podría migrar hacia operadores sin licencia, elevando el mercado ilegal de R$ 17 mil millones a cerca de R$ 42 mil millones.
Quién decide ahora
La elección definió al presidente, pero el futuro de las apuestas depende de otras dos instancias.
En el STF, el ministro Luiz Fux, relator de las acciones contra la MP, fijó para el 3 de noviembre la audiencia pública antes de decidir sobre las solicitudes de suspensión. Fueron convocadas 26 instituciones, entre ellas la Abogacía General de la Unión, el Ministerio de Hacienda, la CBF, clubes de fútbol y asociaciones del sector. Una decisión con efecto retroactivo podría restablecer las licencias que vencieron el domingo.
Para Ana Barros, el resultado de las urnas no permite conclusiones definitivas. “Nada se decidió de forma concluyente. El proceso legislativo sigue abierto, y todavía hay espacio para negociaciones políticas, respuestas institucionales e impugnaciones judiciales”, afirmó a staging-latam.next.io/.
Según los cálculos de la abogada, el sector todavía tiene cerca de 130 días, hasta principios de marzo de 2027, antes de que la MP pierda su validez. “Es una ventana significativa para la articulación política, las negociaciones legislativas y las impugnaciones judiciales.”
Maia ve tres frentes simultáneos: el STF examina los límites constitucionales de la medida, el Congreso decide su destino legislativo y el gobierno puede proponer una solución regulatoria. “
La respuesta inmediata puede venir del STF, pero el ministro Fux no sustituye por sí solo al Congreso ni dará necesariamente la última palabra sobre todos los efectos económicos de la MP”, dijo. Recuerda que el Congreso actual, antes de la toma de posesión de los nuevos parlamentarios, ya puede modificar, aprobar o rechazar la medida. “Esperar al nuevo Congreso como si nada pudiera pasar antes es un error.”
En el Planalto, la posición no debería cambiar. “Con Lula reelegido, la prohibición sigue siendo la posición del gobierno, salvo un cambio expreso de rumbo”, afirmó.
Witoldo Hendrich, presidente de ABRAJOGO, tiene otra lectura. Para él, el gobierno ya negocia la derogación de la MP, sea con el STF, con el TCU o con el Congreso, porque “necesita dramáticamente los recursos provenientes del juego” ante las promesas y los gastos de campaña.
“La tributación de las bets es imprescindible para el actual gobierno”, afirmó a staging-latam.next.io/. Si el mercado vuelve, él espera reglas “un poco más restrictivas”, para “dar una satisfacción a la sociedad”, con límites a la publicidad y, eventualmente, la eliminación de juegos polémicos, como el Tigrinho.
Hiago Piau, presidente de la Asociación Nacional de Loterías Municipales y Estatales (ANALOME), ve un punto medio. Para él, Lula no tomará la iniciativa de reabrir el mercado, pero tampoco se esforzará por impedir que eso ocurra a través del Congreso, porque no renunciará fácilmente a una fuente de recaudación de ese tamaño.
“Si la medida provisional caduca, él puede simplemente decir que hizo su parte y que la decisión fue de los parlamentarios. Al final, el sector vuelve, la recaudación vuelve y la vida sigue”, afirmó a staging-latam.next.io/. Su apuesta es que el Congreso deje caducar la MP, porque los parlamentarios “no van a querer discutir este tema y participar directamente de una posible solución”.
Para Fellipe Fraga, ninguna de estas decisiones resuelve por sí sola el problema del sector. “Una victoria judicial puede permitir la reanudación de las operaciones. No garantiza que la sociedad reconozca valor en esa reanudación”, escribió.
El Sindibets-SP tampoco espera que el mercado simplemente vuelva a lo que era. “Es natural que el sector pase por remodelaciones y perfeccionamientos regulatorios. No esperamos necesariamente un retorno al escenario anterior sin ajustes”, dijo Laura Morganti.
Sobre el nuevo gobierno, ella considera “prematuro hacer previsiones”, pero defiende que el debate considere “no solo la percepción de la opinión pública, sino también las consecuencias prácticas de la prohibición”, como el desplazamiento de los apostadores hacia plataformas clandestinas.
Una alerta para LatAm
Para operadores y proveedores internacionales, la experiencia brasileña deja una lección que va más allá de las fronteras del país: una licencia federal pagada no ofreció protección contra una decisión política repentina.
En menos de dos años, Brasil autorizó a más de 80 operadores y creó reglas de identificación de clientes, de monitoreo de apuestas sospechosas y de autoexclusión. Según la evaluación de la IBIA, el marco brasileño tenía una nota de 77 sobre 100, por delante de Portugal (68) y no muy atrás de Gran Bretaña (86). Bastó una medida provisional para suspender todo esto.
Para Witoldo Hendrich, presidente de Abrajogo, lo que los inversores necesitan para volver es básico. “Garantía de que los acuerdos se cumplirán, garantía de estabilidad, garantía de certeza jurídica. Eso es lo mínimo. Nadie pone dinero empresarial donde hay incertidumbre. Donde hay incertidumbre, ponemos dinero cuando es juego, con la expectativa de que esa incertidumbre se revierta a nuestro favor. Empresarialmente, nadie puede hacer eso.”
Thaise Jupiter, líder del equipo de desarrollo de negocios de BETBY en Brasil, afirma que la cuestión va más allá de los candidatos. “Lo que realmente está en juego es si las autoridades quieren que la actividad de apuestas ocurra dentro de un marco regulado, con reglas claras, protección al jugador y fiscalización, o fuera de él”, dijo a staging-latam.next.io/.
Ella recuerda que los operadores pagaron R$ 30 millones por licencias de cinco años, invirtieron en certificación, tecnología y equipos locales. “Cuando el marco cambia de forma tan abrupta, la preocupación es si operadores, proveedores e inversores pueden tener confianza suficiente en las reglas para asumir ese tipo de compromiso de nuevo.”
Para Maia, incluso una reapertura no devolvería automáticamente lo que se perdió. Una suspensión judicial de la MP, su rechazo o la pérdida de eficacia pueden restablecer reglas del régimen anterior, pero “eso, por sí solo, no resuelve la situación de cada autorización extinta ni garantiza a las empresas la reanudación inmediata de las operaciones”.
En cambio, una reapertura negociada políticamente “difícilmente reproduciría la Ley 14.790 tal como era”. El abogado espera exigencias más rígidas de publicidad, prevención del juego problemático y control de los operadores, pero no da por seguros un techo de licencias o impuestos mayores.
Hay además una cuestión que, según él, no depende del destino del mercado: “¿Puede el Estado extinguir autorizaciones por las que cobró una concesión y descartar, mediante una frase en la MP, toda posibilidad de restitución o indemnización? El destino del mercado y la responsabilidad del poder público no necesitan tener la misma respuesta.”
Para Sabiá, el sector no tiene mucho tiempo. “O se conquista la licencia social o dentro de cuatro años podrá volver a ser moneda electoral. ¿Queremos eso?”