En diciembre de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la ley que regulamentó las apuestas de cuota fija en Brasil y abrió el camino para uno de los mayores mercados regulados del mundo.
El viernes (25 de septiembre), la misma pluma firmó la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026, que prohíbe las apuestas deportivas y los casinos online en el país.
El fin de semana mostró cómo reaccionó cada actor ante el giro de los acontecimientos. Las operadoras se organizaron para acudir a la Justicia, el gobierno convirtió la prohibición en bandera de campaña a una semana de las elecciones presidenciales, y el Congreso postergó el tema para después de la primera vuelta, el 4 de octubre.
Mientras tanto, el reloj corre: los sitios de las 84 operadoras con licencia en Brasil salen del aire el 6 de octubre.
Lunes: la primera prueba financiera
Para los inversores internacionales, el lunes (28 de septiembre) es la primera jornada bursátil para reaccionar: las bolsas europeas estaban cerradas cuando se firmó la MP.
Según un análisis de JPMorgan citado por Reuters, las empresas cotizadas más expuestas a Brasil son Evolution, que genera cerca del 9% de sus ventas en el país; Allwyn, cuya participación en Betano representa entre el 6% y el 7% de su EBITDA total, según estimaciones; además de Entain y Flutter.
Flutter, propietaria de Betnacional y Betfair en Brasil, difundió el comunicado más amplio entre las operadoras. Dijo haber recibido la medida con “sorpresa y profunda preocupación”, señalando que invirtió, pagó por una licencia y generó empleos bajo reglas establecidas por el propio Estado, y argumentó que la regulación ya venía reduciendo el mercado ilegal.
La empresa no anunció acción judicial. Betano, operada por Kaizen Gaming, dijo que decidirá su curso de acción más adelante.
Para quienes invirtieron en el mercado, la pérdida ya está escrita en la propia MP: el texto descarta el reembolso de la licencia de R$ 30 millones (US$ 5,8 millones) pagada por cada operadora por cinco años de operación, de los cuales se utilizaron menos de dos.
Para Ricardo Bianco Rosada, CEO de brmkt.co, el mayor costo de la medida no aparece en la recaudación ni en el debate fiscal. Aparece en la prima de riesgo asociada al país.
“Brasil vendió licencias de cinco años, cobró una concesión, exigió capital, cumplimiento normativo y estructura local, y revocó todo por decreto antes incluso de completar el primer año. Esto no es un debate sobre apuestas. Es el Estado incumpliendo el contrato con quienes confiaron en las reglas que el propio Estado escribió”, afirmó.
En su evaluación, el efecto es duradero y no depende del desenlace en el Congreso. “Aunque la MP caiga o sea modificada, el precedente ya existe. Cualquier inversor que evalúe un sector regulado en Brasil, desde fintech hasta energía, va a considerar la posibilidad de que una licencia se convierta en polvo en medio del juego. Esa prima de riesgo queda fijada y tarda años en desaparecer.”
Para Rosada, el mensaje que llega a los mercados internacionales es la parte más preocupante. “La seguridad jurídica es lo único que un país no puede recomprar después de perderla. Una reputación regulatoria tarda décadas en construirse y puede destruirse con un plumazo.”
La industria acude al Supremo
La noche del viernes, cerca de 180 representantes de empresas y asociaciones se reunieron en línea para alinear la estrategia.
Plínio Lemos Jorge, presidente de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), una de las principales entidades del sector, estima en un 98% la probabilidad de una acción colectiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), con presentación prevista para el martes (29 de septiembre).
Las empresas también pretenden impugnar los datos que el gobierno utilizó para justificar la prohibición.
La Asociación Brasileña de Operadores y Proveedores de Juegos Internacionales (Abrajogo) también se comprometió a acudir a la Justicia.
En un comunicado, la asociación describió la prohibición como una ruptura del marco regulatorio creado por el propio Estado, resumiendo: “Brasil debe honrar las reglas que establece.”
Thomas Carvalhaes, CEO de TC iGaming Advisors, dice que participó en una reunión con las principales operadoras y asociaciones del país y que la defensa jurídica ya se está preparando.
Al mismo tiempo, sin embargo, pide calma y autorreflexión al sector: “Este es un momento de serenidad y de evaluar todo lo que hicimos mal como industria, y fue mucho.”
La acción colectiva no es el único camino. Según el abogado Neil Montgomery, socio fundador del despacho Montgomery, las operadoras también deben recurrir preventivamente a las instancias inferiores contra el acto de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) que formalizará la cancelación de las licencias.
“Las operadoras que no están asociadas a ninguna entidad deben presentar mandatos de seguridad individuales”, dijo. Las peticiones serán acompañadas de solicitudes de medidas cautelares que, según él, también tienen efecto inmediato.
El gobierno dice estar listo para la reacción.
Jorge Messias, jefe de la Abogacía General de la Unión (AGU), responsable de la defensa jurídica del Poder Ejecutivo, dijo a CNN Brasil que todos los aspectos de la MP fueron “rigurosamente validados” y que el organismo está “completamente tranquilo”.
La primera baja: la integridad deportiva
Las consecuencias comenzaron a aparecer el sábado (26 de septiembre). En un comunicado, la ANJL dijo haber notificado extrajudicialmente a Sportradar, una de las principales empresas globales de monitoreo de manipulación de resultados, rescindiendo el acuerdo de cooperación firmado en febrero, en el marco de una asociación con el Ministerio del Deporte iniciada en septiembre de 2025.
El acuerdo apoyaba dos plataformas educativas sobre integridad deportiva, dirigidas a agentes del deporte y a las autoridades responsables de monitorear, detectar y recibir denuncias de manipulación.
“Esta es la primera de muchas consecuencias de la Medida Provisoria, lamentablemente”, dijo Plínio Lemos Jorge.
“El deporte pierde, los atletas pierden, y los apostadores también, que migrarán a plataformas ilegales y seguirán expuestos a resultados manipulados.”
Según él, ninguna plataforma ilegal se preocupa por la manipulación de resultados, a diferencia de las empresas licenciadas. “Este es un efecto perverso de un acto repentino e irresponsable del Ejecutivo.”
La prohibición como bandera electoral
Lula, que aspira a un cuarto mandato y está empatado en las encuestas con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, no retrocedió. En el evento del viernes, comparó las apuestas con el cáncer: “O sacamos el tumor, o ese tumor nos va a matar”, dijo.
A los clubes de fútbol, que deberían perder cerca de R$ 1 mil millones (US$ 193 millones) al año en patrocinios, respondió que Brasil conquistó cinco Copas del Mundo sin apuestas legalizadas.
Horas antes de firmar la MP en São Paulo, Lula ya había exhibido un cartel escrito a mano con las palabras “Fin de las bets” en un mitin en Recife, junto a João Campos (PSB), candidato al gobierno de Pernambuco.
El fin de las apuestas se convirtió en el tema central de los eventos de campaña del domingo. Según Brasil 247, sitio noticioso afín al gobierno, la decisión dividió a la cúpula de la campaña: uno de los coordinadores temía turbulencias en el fútbol en la víspera de la elección, mientras que el jefe de comunicación del gobierno, Sidônio Palmeira, defendió una estrategia de impacto dirigida al electorado femenino. Lula se puso del lado de Sidônio.
Flávio Bolsonaro, por su parte, calificó la MP de “hipócrita, electorera y populista”. La oposición, sin embargo, no promete devolver el mercado a lo que era: el propio Bolsonaro ya se manifestó en contra de los casinos en línea.
Para Ana Clara Barros, directora de la International Gaming Association (AIGAMING), la convergencia entre los dos candidatos no sella el destino del sector.
“El proceso legislativo, especialmente en un tema que involucra a un sector ya regulado y licenciado, no se deriva simplemente de lo que un candidato a la presidencia dice en campaña”, afirmó.
Ella señaló que el presidente encabeza el Ejecutivo, pero el Congreso y el Poder Judicial son poderes independientes.
“La retórica de campaña y el posicionamiento político son muy diferentes de una legislación efectivamente aprobada y de sus efectos jurídicos”, dijo.
El Congreso espera a la elección
Con diputados y senadores en campaña, la expectativa es que el asunto espere hasta después de la primera vuelta, el 4 de octubre. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, aún no se han pronunciado sobre el fondo de la medida ni han designado al relator de la comisión mixta, formada por 12 diputados y 12 senadores, que analizará el texto. Si el Congreso entra en receso a fin de año, la votación podría postergarse hasta febrero de 2027.
Según el cronograma de la MP, los sitios salen del aire el 6 de octubre y las licencias se cancelan el 25 de octubre, antes de cualquier votación.
Las primeras reacciones apuntan a un texto controvertido: Jonas Donizette, líder del PSB en la Cámara, espera que la MP pueda sobrevivir con enmiendas, mientras que el diputado João Carlos Bacelar, que lideró la bancada parlamentaria detrás de la ley de 2023, calificó la prohibición de “errónea”.
Sin embargo, incluso una derrota de la MP podría no traer de vuelta las licencias. En una publicación en LinkedIn, Tiago Almeida, CEO de la plataforma OddsGate, recordó que, según la Constitución, si el Congreso no regula los efectos de una MP rechazada o que perdió vigencia, las relaciones jurídicas constituidas durante su vigencia siguen rigiéndose por ella. En la práctica, las licencias canceladas el 25 de octubre podrían seguir canceladas.
Carvalhaes, por su parte, confía en que el sector “revertirá esto fácilmente en el Congreso”.
Rosada es más cauteloso. En su evaluación, sea cual sea el desenlace, reconstruir la confianza exige tres condiciones: que el nuevo marco pase por el Congreso como ley, y no por decreto; que las licencias existentes sean respetadas o compensadas; y que las reglas para modificar el marco sean claras y estables. “Sin eso, lo que vuelva atraerá a operadores de corto plazo, no inversión de largo plazo”, afirmó.
Qué observar
- Lunes, 28 de septiembre: reacción de las acciones de las empresas expuestas a Brasil.
- Hasta el martes, 29 de septiembre: acción colectiva de la industria en el STF.
- Domingo, 4 de octubre: primera vuelta de la elección presidencial.
- Lunes, 5 de octubre: plazo para retiros de los jugadores y para la retirada de publicidad y patrocinios.
- Martes, 6 de octubre: los sitios y aplicaciones dejan de estar disponibles.
- 9 al 14 de octubre: los bancos asociados devuelven los eventuales saldos restantes.
- Domingo, 25 de octubre: licencias federales canceladas.
Incluso la Folha de S.Paulo, que apoya restricciones al sector, vio un cálculo electoral detrás de la medida. En un editorial del domingo (27 de septiembre), el periódico dijo que los daños causados por las apuestas eran evidentes desde hace tiempo y que la MP garantiza un efecto inmediato, pero no supervivencia en el Congreso. Concluyó: “En lugar de gobernar el país, Lula es gobernado por la elección.”
Hace menos de un mes, staging-latam.next.io/ preguntó si Brasil todavía era la “tierra prometida” del iGaming. La respuesta llegó en un cartel escrito a mano, levantado sobre un camión en Recife: “Fin de las bets”.