Un relevamiento exclusivo de la revista Veja identificó a 31 influenciadores digitales sospechosos de lavar cerca de R$ 7 mil millones para el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) a través de bets no autorizadas.
La investigación abarca cinco estados, São Paulo, Río de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte y Rio Grande do Sul, y cubre los últimos cinco años.
Según el relevamiento, los influenciadores, que juntos suman 149 millones de seguidores, actúan como fachada de plataformas de apuestas sin autorización del Ministerio de Justicia, muchas registradas en el exterior.
El dinero recaudado sería traspasado a las facciones a través de bancos, fintechs, testaferros, empresas fantasma y criptoactivos, con las ganancias divididas mitad y mitad entre la facción y el influenciador.
“Las casas de apuestas ilegales son prioridad cero en la caza de las actividades de estos influencers”, afirmó Ricardo Morishita Wada, secretario del Consumidor del Ministerio de Justicia, a Veja.
Entre los casos citados en el relevamiento está el de Vanessa Freires, residente de Duque de Caxias (RJ) prohibida en las redes por decisión judicial, señalada como responsable de movilizar R$ 500 mil para el CV.
Por su parte, Luíza Ferreira y Natacha Silva, también citadas en la investigación, niegan cualquier implicación en actividad ilegal.
El Ministerio de Hacienda informó que removió, este año, 243 aplicaciones de apuestas ilegales y cerca de 1.000 páginas de influenciadores vinculadas a sitios clandestinos o a violaciones de las normas del sector.
El caso reaviva el debate sobre la debida diligencia de afiliados en el mercado regulado.
El caso ocurre en medio de discusiones regulatorias en curso sobre publicidad del sector de apuestas en Brasil, incluyendo el PL 1018/2026 y restricciones recientes a la publicidad en estados como Minas Gerais y São Paulo.