Este domingo, 25 de octubre, Brasil acudió a las urnas para elegir al presidente de la República para el período entre 2027 y 2030. El resultado garantizó el cuarto mandato a Luiz Inácio Lula da Silva. Para el sector de juegos y apuestas, corresponde evaluar de forma pragmática lo que esta continuidad puede representar.
Es difícil, confieso, dejar de lado los sentimientos. Todos tenemos una visión del mundo y convicciones sobre lo que sería mejor para el país. Eso es natural y saludable en una democracia. Prometo, sin embargo, esforzarme. El lector encontrará aquí ni celebración ni lamento, sino un intento de mirada fría.
Lula ha manifestado abiertamente su oposición al sector de apuestas. La edición de la medida provisoria que prohibió la actividad fue la expresión más contundente de esa postura. Aun así, su cambio de tono en relación con el mercado que el propio gobierno ayudó a regular siempre me pareció tener un componente electoral. Y la elección ya pasó.
Esto no garantiza una reapertura al diálogo. Pero permite preguntarse cuánto de la postura adoptada durante la campaña permanecerá como política de gobierno.
Hay, sin embargo, una cuestión que el sector necesita enfrentar antes de atribuir su destino exclusivamente a la política: nunca logramos establecer una narrativa convincente sobre el juego responsable.
Una verdad incómoda
Nos equivocamos en el tono de la publicidad y en la forma de competir. Hablamos demasiado de las ventajas de cada operación y demostramos muy poco cómo protegeríamos a las personas expuestas a los riesgos de la actividad. Salvo iniciativas puntuales que conquistaron algún espacio en la prensa, concentramos recursos y atención en siglas como CAC y ROI, costo de adquisición de clientes y retorno sobre la inversión. Dedicamos menos atención a un patrimonio igualmente relevante: cómo somos vistos por la sociedad.
Dejamos la pelota picando para quien quisiera patearla.
No creo que esto haya sido decisivo para el resultado electoral. Pero le ofreció argumentos al presidente y redujo nuestra capacidad de impugnar la solución presentada por el gobierno.
El mensaje de que “se acabaron las bets” es simple y políticamente poderoso. Explicar por qué una prohibición no elimina la demanda, los riesgos de dependencia o la oferta clandestina exige más trabajo. Y exige, sobre todo, credibilidad.
En el mes siguiente a la edición de la MP, el sector no logró hacer esa diferencia suficientemente clara. La prohibición del mercado autorizado pudo presentarse como respuesta a los problemas del juego, aunque eliminar a los operadores sujetos a fiscalización no signifique eliminar la actividad. Existe el riesgo de que la demanda migre justamente hacia entornos con menos mecanismos de protección.
Pasada la elección, dos frentes institucionales concentran la atención del mercado.
En el Supremo Tribunal Federal, el ministro Luiz Fux podrá evaluar las solicitudes de suspensión de los efectos de la medida provisoria. Una decisión favorable podrá abrir camino a la reanudación de las actividades reguladas, según el alcance de la decisión.
En el Congreso Nacional, corresponderá a los parlamentarios decidir si la medida será convertida en ley, modificada o rechazada. También podrá perder su eficacia si no es votada dentro del plazo constitucional.
Estas decisiones son fundamentales, pero ninguna de ellas resolverá, por sí sola, el problema de credibilidad del sector. Una victoria judicial puede permitir la reanudación de las operaciones. No garantiza que la sociedad reconozca valor en esa reanudación.
Revisando la regulación
La regulación necesita ser revisada, aunque parezca pronto. Brasil construyó un marco con instrumentos relevantes de fiscalización, control y protección al apostador. Su existencia, sin embargo, no basta para demostrar su eficacia.
El poder público necesita hacer más efectivo el combate a la oferta ilegal. El sector, por su parte, necesita demostrar los resultados de sus políticas de juego responsable y de prevención de los trastornos relacionados con el juego.
Tenemos la obligación de explicar qué riesgos identificamos, cómo intervenimos y qué producen esas intervenciones. No basta con poner a disposición herramientas de protección si no sabemos demostrar que funcionan. Tampoco basta con promover campañas de concientización mientras las prácticas comerciales van en sentido contrario.
Esto incluye aceptar límites a la adquisición, a la publicidad y a la retención de clientes cuando haya señales de comportamiento de riesgo. En determinadas situaciones, proteger al jugador exigirá renunciar a ingresos. La disposición de hacerlo dará sustancia al discurso de responsabilidad.
La libertad de un adulto para apostar debe convivir con deberes concretos de quien ofrece el producto. Un entorno regulado debe permitir elecciones informadas y actuar cuando haya señales de pérdida de control. Así es como el sector podrá defender su legitimidad con más consistencia.
Si se restablece el marco de autorizaciones, el horizonte de renovación de las primeras concesiones, al final de su ciclo de cinco años, ofrecerá otra oportunidad de evaluación. Hasta entonces, el mercado deberá demostrar su valor mediante resultados: capacidad de proteger a los consumidores, cumplir las reglas y contribuir a reducir el espacio de la oferta ilegal.
Tal vez el sector no logre recuperar su credibilidad antes de las próximas decisiones del STF y del Congreso. Pero puede empezar a merecerla ahora.
Para ello, deberá aceptar que el juego responsable también debe imponer límites a sus propias estrategias comerciales. Es esa disposición, demostrada en la práctica, la que dará consistencia al pedido de diálogo. La elección terminó. La responsabilidad de construir un mercado sostenible permanece.