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El TJSP amplía los deberes de los operadores en casos de juego compulsivo

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Una decisión judicial del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) sugiere que los operadores pueden ser responsabilizados cuando los mecanismos de control de juego responsable no logran identificar y proteger a los usuarios vulnerables.

La justicia rechazó un recurso de Betano y determinó que se devolvieran R$ 61.000 (50% del valor gastado) a un apostador compulsivo. La decisión marca uno de los primeros precedentes en segunda instancia que aplica el Código de Defensa del Consumidor para las casas de apuestas.

Hoy, la regulación brasileña ya impone deberes activos a los operadores para identificar y mitigar los riesgos del juego problemático.

Para el abogado especialista Udo Seckelmann, socio y jefe de Gambling & Crypto en Bichara e Motta Advogados, la regulación brasileña, especialmente la Portaria SPA\/MF nº 1.231\/2024, impone a los operadores un deber activo de monitorear e intervenir ante indicios de comportamiento problemático o compulsivo, y no solo de poner a disposición herramientas de juego responsable.

“La interpretación reciente del TJSP refuerza que la omisión de este deber puede generar responsabilidad civil. Aunque todavía es pronto para hablar de jurisprudencia consolidada, la decisión señala que la simple disponibilidad formal de herramientas puede no ser suficiente cuando existan señales claras de compulsión y ausencia de medidas adecuadas por parte del operador,” explica.

Especialista en Derecho del Consumidor, Stefano Ribeiro Ferri, comenta que “la decisión también demuestra que el Poder Judicial tiende a adoptar una solución equilibrada. Aunque reconoció la falla de la plataforma en su deber de protección, el tribunal consideró que el consumidor mantiene cierta autonomía sobre sus actos, aplicando la lógica de la culpa concurrente,” explica.

“Aun así, el reconocimiento de la responsabilidad de la empresa representa un avance importante en la protección de los consumidores en un mercado que crece rápidamente y que implica riesgos relevantes para personas en situación de vulnerabilidad”, concluye.

Alegación de ludopatía

La demanda fue presentada por un apostador de São Paulo que presentó un certificado de ludopatía. Según el abogado de la defensa, Marco Aurélio da Silva Leite, el apostador tuvo pérdidas de R$ 122.587,20 en apuestas en la plataforma de Betano.

La defensa argumentó que la empresa falló en su deber de “juego responsable”, ya que, incluso con las señales de comportamiento “compulsivo”, la casa de apuestas mantuvo publicidad incentivando a continuar con el uso.

En la decisión, el Tribunal interpretó y aplicó el Código de Defensa del Consumidor para establecer que es deber de la empresa proteger al consumidor apostador de los riesgos de ludopatía, mediante el suministro de mecanismos de autocontrol.

Cómo pueden protegerse los operadores

El CEO de la Empresa Brasileira de Apoio à Compulsividade (EBAC), Ricardo Magri, considera que la decisión judicial refuerza la necesidad de un cumplimiento riguroso de las normas de Juego Responsable. Según él, no se trata de un caso aislado y situaciones similares pueden volver a ocurrir si los operadores descuidan las exigencias regulatorias, especialmente las previstas en la Portaria 1.231.

Magri recuerda que también se han registrado decisiones en sentido contrario. “Recientemente, un operador recibió una sentencia favorable, en la que se concluyó que los preceptos del Juego Responsable fueron todos respetados y que las herramientas y la postura requeridas por las normativas fueron presentadas adecuadamente”, afirma.

Para él, es fundamental comprender que “la oferta de la apuesta se dirige a personas legalmente capaces y en un entorno adulto”.

El ejecutivo destaca que las alegaciones de ludopatía pueden surgir en cualquier momento, acompañadas o no de informes técnicos consistentes. En esos casos, subraya que la actuación del operador debe ser inmediata y rigurosa desde los primeros indicios de trastorno de juego compulsivo.

Como ejemplo, Magri cita el trabajo realizado por EBAC. “Nuestro sistema de gestión del Juego Responsable abre, desde el primer contacto, lo que puede considerarse un historial clínico, registrando todas las intervenciones técnicas realizadas por los profesionales de salud mental,” explica.

Agrega que también se monitorean las herramientas de protección puestas a disposición de los usuarios, como límites y alertas, además del seguimiento conductual realizado mediante el sistema Pulse.

“Si se cumplen los requisitos de la Portaria 1.231 y se lleva a cabo una atención adecuada desde el primer indicio, difícilmente el juez entenderá que el operador falló en su deber de proteger al consumidor de los riesgos de la ludopatía,” concluye.

El tribunal entendió que las obligaciones de juego responsable van más allá del cumplimiento formal de la legislación, exigiendo mecanismos efectivos de monitoreo, prevención y protección de usuarios vulnerables.

Antecedentes

Betano se vio obligada a devolver el 50% del valor de R$ 122.587,20 que el apostador gastó en apuestas en la plataforma de la operadora. Esta no fue la primera vez, ya que casos similares ocurrieron en Brasil, a favor del apostador, donde una operadora fue condenada a pagar poco más de R$206 mil a un jugador diagnosticado con ludopatía por la Justicia de Rio Grande do Sul.

Los valores involucrados en las acciones judiciales contra operadoras varían significativamente según el perjuicio neto comprobado por cada apostador. Entre los casos recientes, se destacan la condena de una operadora por la 3ª Vara Cível de Brasília a la restitución de R$ 337 mil a un policía militar diagnosticado con ludopatía, y dos decisiones del TJSP que determinaron devoluciones de R$ 456 mil y R$ 206 mil, respectivamente.

En casos en que la justicia dictó sentencia a favor del operador, como ocurrió con Novibet en Goiânia, la justicia declaró improcedentes las alegaciones que acusaban a la plataforma de omisión en la política de juego responsable.

La ausencia de jurisprudencia consolidada significa que el resultado de cada acción aún depende en gran medida del estado, del magistrado y de la solidez del diagnóstico clínico presentado.

Betano no quiso pronunciarse al respecto.