La Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT) del Senado promovió este martes, 1º, una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 2.470/2026, que trata sobre la protección de la salud mental, del consumidor y de la economía familiar en el ámbito de las apuestas de cuota fija y juegos online en Brasil.
Presentado por la senadora Damares Alves (Republicanos-DF), el proyecto se enfoca en la prevención y reducción de daños, restringiendo la publicidad, el patrocinio y el diseño de productos de apuestas de alto riesgo, además de proponer un sistema de clasificación de riesgo para diferentes tipos de productos de apuestas.
El relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), dijo esperar presentar una primera versión del informe ya el miércoles, calificando la votación como urgente, aunque reconoció que aún hay puntos por debatir.
El representante del Ministerio de Salud, Marcelo Kimati Dias, informó que cerca de 25 millones de brasileños apostaron en plataformas legalizadas el año pasado, y que las atenciones en la red pública relacionadas con problemas de apuestas crecieron un 140% entre 2018 y 2025.
Según él, las personas con problemas de apuestas presentan un riesgo de suicidio hasta 15 veces mayor que la población en general, y el perfil afectado es mayoritariamente joven, negro, de bajos ingresos y concentrado en la Región Nordeste.
Dias también destacó que solo el 1% de la recaudación de las bets se destina al Ministerio de Salud.
Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citado por el consultor nacional Francisco Cordeiro, señaló que, por cada real recaudado por el gobierno con las bets, el país gasta cerca de cuatro reales para hacer frente al costo social asociado.
El director de Defensa del Consumidor del Ministerio de Justicia, Daniel Amaral Nunes Carnaúba, defendió el fortalecimiento de la regulación del sector, informando que su cartera investiga publicidad irregular, influenciadores digitales y empresas vinculadas al mercado ilegal de apuestas.
Cuestionó el costo del papel de las bets como principales financiadoras de eventos deportivos, citando el endeudamiento familiar, los suicidios y la pérdida de patrimonio.
Representante del sector
Representando al sector, el presidente ejecutivo del IBJR, Carlos Eduardo Cabral Lima, citó un estudio de Aliciar Consultoria según el cual el endeudamiento de las familias brasileñas se debe más a compras de celulares, suscripciones de streaming y consumo de alcohol que a las apuestas, que, según él, quedaron en último lugar en la encuesta.
Lima afirmó que el sector regulado genera R$ 9,6 mil millones en recaudación y más de 15,5 mil empleos directos e indirectos, con una facturación bruta de R$ 35 mil millones, y argumentó que el principal desafío del sector es competir con plataformas ilegales.
Destacó que los operadores licenciados ofrecen verificación de identidad, límites de apuestas y herramientas de protección al consumidor inexistentes en sitios no licenciados.
Por el lado del gobierno, la representante del Ministerio de Hacienda, Andiara Maria Braga Maranhão, informó que la Plataforma de Autoexclusión Centralizada, lanzada en diciembre, ya fue utilizada por más de un millón de personas para bloquear su propio acceso a sitios de apuestas licenciados.
Agregó que la legislación vigente ya prohíbe que los menores apuesten y establece reglas para la publicidad, la atención al consumidor y la concientización sobre riesgos.
Damares Alves criticó el uso del término “juego responsable” por parte del sector, defendiendo su sustitución por “pérdida responsable”.
La audiencia también contó con la participación de Rebeca dos Santos Freitas, del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS), y Carla Cristina Santos Rodrigues, de Data Privacy Brasil.