La industria del juego española afronta un escenario de incertidumbre ante la convocatoria anticipada de elecciones para el próximo 29 de noviembre, anunciada por Pedro Sánchez ayer (5 de octubre). La noticia se produce en plena preparación de la reforma de la Ley del Juego.
El desencadenante de la convocatoria electoral ha sido la derrota en el Congreso, el pasado viernes, de los dos decretos de vivienda elaborados por el Gobierno. Frente a este contexto, varias medidas que afectan al sector de juegos de azar quedan ahora en el aire.
Cristina Romero, socia de Loyra Abogados, dijo a NEXT..io que el adelanto de las elecciones generales supone “una pausa significativa y, potencialmente, un cambio de rumbo” en lo que respecta a la reforma de la Ley 13/2011.
No obstante, la abogada dejó claro que el proceso electoral no representa un obstáculo para las medidas que ya han entrado en vigor, como el sistema de límites conjuntos de depósito.
La reforma de la Ley del Juego, paralizada por las elecciones
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 puso en marcha a principios de este año una consulta pública sobre la reforma de la Ley 13/2011.
La reforma incluye controles sobre la publicidad de juego protagonizada por personajes famosos e influencers, restricciones a las promociones de captación de clientes, límites a la publicidad en motores de búsqueda y una ampliación de las advertencias sobre los riesgos asociados a las apuestas.
En el verano, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) se reunió con distintas entidades del sector, como Jdigital, LaLiga, SELAE, ONCE y CEJUEGO para analizar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y agentes implicados antes de elaborar el proyecto de ley definitivo.
Sin embargo, el texto no logró pasar el trámite de consulta pública antes de que Sánchez convocara a elecciones anticipadas.
Romero de Alba explicó que esto implica que su tramitación parlamentaria quedará en manos del próximo Gobierno. “El trabajo hecho durante la consulta pública sigue siendo relevante, pero cualquier modificación de la Ley 13/2011 requerirá de un nuevo proceso legislativo”, señaló la abogada.
No es la primera demora del proyecto. En 2025, el Gobierno intentó introducir cambios en la Ley del Juego a través de la Ley de Atención al Cliente, pero el Senado los eliminó y la norma terminó aprobándose sin ellos.
La postura del PP y Vox en materia de juego sigue sin estar clara
Polymarket sitúa a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) —bloque de centroderecha— con un 80% de probabilidades de ser el próximo presidente. Aunque podría necesitar el apoyo de la extrema derecha de Vox para formar Gobierno.
Para Romero de Alba, no hay que dar por hecho que un Gobierno de derechas adoptará un enfoque más laxo en la regulación del sector.
“Convendría tener cautela a la hora de presentar al PP o a VOX como intrínsecamente más o menos restrictivos en materia de juego”, puntualizó.
En diciembre de 2025, el PP utilizó su mayoría en el Senado para eliminar las enmiendas a la Ley del Juego contempladas en la Ley de Atención al Cliente.
No obstante, Romero de Alba aseguró que se trató de una decisión de carácter procedimental y resaltó que el partido ha respaldado anteriormente medidas destinadas a fortalecer la protección de los usuarios.
En febrero de este año, la senadora del PP Elena Castillo pidió aumentar el gasto para prevenir la ludopatía y advirtió que “llevar un casino en el bolsillo no es un juego”.
A pesar de ello, ni el PP ni Vox han presentado una propuesta detallada sobre juego de cara a las elecciones generales de noviembre.
“En el programa electoral de 2019, el PP se comprometía a regular la publicidad del juego y a financiar campañas de prevención contra la ludopatía”, indicó Romero de Alba. “Su postura actual sobre las restricciones publicitarias, los bonos, los límites de depósito y la protección de jugadores es menos clara”.
“Vox tiene una postura pública aún menos clara con respecto al marco regulatorio”, añadió.
Los límites conjuntos de depósito siguen su calendario
Independientemente del resultado electoral, las medidas ya aprobadas no se verán afectadas.
Esto incluye el Real Decreto 520/2026, aprobado en junio, que establece límites de depósito conjuntos por jugador. El nuevo sistema, aplicable a partir de marzo de 2027, fija unos límites conjuntos de depósitos de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros por un periodo de cuatro semanas.
“Las elecciones, por sí mismas, no afectan el calendario de los límites conjuntos de depósito”, aseveró Romero de Alba.
De cualquier manera, el decreto se enfrenta a un nuevo escrutinio judicial. La patronal del juego online Jdigital ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la medida al considerarla desproporcionada y carente de base legal.
La asociación ya presentó con éxito un argumento similar en abril de 2024, cuando el Tribunal Supremo anuló varios artículos de otro Real Decreto. El tribunal determinó que algunas de las restricciones relativas a las promociones y la publicidad online excedían las competencias que el Gobierno podía ejercer mediante decreto.
“Esto no quiere decir que la impugnación de los límites de depósito vaya a prosperar”, manifestó Romero de Alba. “Las disposiciones y el fundamento jurídico son distintos y se analizarán de forma independiente. Sin embargo, sí pone de manifiesto que los límites de la potestad reglamentaria constituyen una cuestión jurídica real, y no meramente un argumento del sector”, precisó.
El juego no será determinante en las elecciones
Resulta poco probable que el juego sea un factor determinante en las urnas. En cambio, se espera que la campaña electoral se centre principalmente en la crisis habitacional que vive España.
“La regulación del juego podría formar parte de debates más amplios sobre protección de consumidores, salud pública y economía digital, pero hay pocos indicios de que vaya a ser un elemento decisivo”, remarcó Romero de Alba.
Lo que tiene por delante el sector es una “continuidad regulatoria” a corto plazo, seguida por un escenario de “incertidumbre política considerable”, sentenció la abogada.