El gobierno de Brasil ha restringido el acceso a los documentos utilizados para justificar su prohibición de las apuestas durante cinco años, bajo una clasificación acordada un día antes de que se firmara la Medida Provisoria (MP) 1.394.
Dos ministerios del gobierno afirman que no elaboraron estudios de impacto antes de que el presidente Lula firmara la prohibición. Para entender qué significa la restricción para el mercado, NEXT.io habló con abogados, un operador y un proveedor de pagos.
La cuestión de qué protege exactamente la restricción, y por qué, es el centro de la disputa legal en torno a la prohibición. Los operadores con licencia están impugnando la MP ante el Tribunal Supremo Federal (STF) y se preparan para solicitar la devolución de alrededor de R$2.500 millones en tasas de licencia.
El período inicial de 60 días para considerar la medida en el Congreso finaliza el 23 de noviembre. Si para entonces no se ha votado, el plazo puede prorrogarse otros 60 días.
Lo que sabemos
La clasificación restringida fue firmada el 24 de septiembre por Victor Oliveira Fernandes, Secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), según informaron JOTA y Poder360.
Abarca todos los documentos utilizados para redactar la MP y solo salió a la luz esta semana, más de un mes después de que se firmara la prohibición, momento en el que las asociaciones del sector ya habían llevado la medida al STF.
El ministerio argumenta que la divulgación de los documentos podría poner en peligro “la vida, la seguridad o la salud de la población” y suponer un “alto riesgo para la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”, redacción tomada de la Ley de Acceso a la Información (LAI) de Brasil.
Dado que el acceso a la información gubernamental es la norma y las restricciones a dicha información son una excepción, los ministerios deben justificar formalmente cualquier restricción establecida en virtud de la LAI.
También existe un segundo candado. BBC News Brasil informó que la Casa Civil de la presidencia rechazó sus solicitudes de los dictámenes legales detrás de la prohibición, citando el privilegio abogado-cliente, una restricción distinta sin fecha de vencimiento.
¿Qué se ha clasificado?
Las respuestas oficiales de otras partes del gobierno generan dudas sobre qué información se está protegiendo exactamente.
En un memorando presentado ante el STF el 24 de octubre, los grupos del sector ABRAJOGO, Sindibets SP y AMIG citan una respuesta del Ministerio de Hacienda a una solicitud de acceso a la información en la que se afirma que la “información no existe”.
Según el documento, los departamentos técnicos del ministerio no encontraron estudios ni estimaciones sobre el impacto económico, fiscal, regulatorio o social de la prohibición.
El Ministerio de Deportes también informó a BNLData que no encontró registro alguno de haber sido consultado formalmente antes de que se emitiera la MP, ni estudios sobre los efectos de la prohibición en la integridad deportiva.
Los proveedores de pagos, que procesaban los fondos de apuestas bajo la supervisión del Banco Central, dicen lo mismo. “Nunca recibimos ninguna solicitud específica del gobierno para proporcionar datos sobre los flujos de apuestas con el fin de respaldar la redacción de la medida provisoria”, declaró a NEXT.io Leonardo Baptista, CEO de la institución de pagos Pay4Fun.
Los operadores afirman que tampoco recibieron ninguna advertencia. La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) mantenía conversaciones periódicas con los licenciatarios sobre juego responsable y publicidad, dice Fellipe Fraga, CBO del operador brasileño Stellar Gaming.
Sin embargo, “lo que no ocurrió, hasta donde sabemos, fue ninguna consulta ni señal previa de que el gobierno tuviera intención de adoptar una prohibición de esta magnitud, ni tampoco se presentó a los operadores ningún dato que justificara un cambio de rumbo tan radical”.
Nada de esto demuestra que los archivos estén vacíos. Si el secretismo protege documentos o la falta de ellos solo podrá establecerse con acceso al proceso completo, afirma Felipe Crisafulli, abogado especializado en deporte, entretenimiento, juego y apuestas: “Cualquier afirmación aquí, en un sentido u otro, sería mera especulación”.
¿Qué busca el gobierno?
Sobre el papel, la clasificación tiene una base legal. Pero Crisafulli afirma que el secretismo generalizado y preventivo “se aparta de la norma legal y constitucional, que es la transparencia de los actos administrativos, aunque no contravenga la ley”. Implementar el secreto sobre los documentos antes de que se publicara la MP podría haber sido justificable, añade, pero “una vez publicado el texto final, puede que ya no haya ninguna base lógica para ello”.
Un abogado que trabaja en el sector, hablando con NEXT.io bajo condición de anonimato, va más allá. “La clasificación generalizada de dictámenes legales, estudios de impacto y documentos económicos requeriría demostrar que el secreto total es necesario”, afirmó.
Aunque “no sería riguroso decir que hubo ilegalidad” sin examinar los archivos, en su opinión el propósito es claro: el secretismo “fue diseñado para impedir que los operadores usaran estos documentos como prueba en demandas en curso y futuras reclamaciones de compensación“.
Crisafulli se muestra más cauteloso respecto al motivo. El gobierno podría disipar esa interpretación, afirma, demostrando “con razonamiento riguroso” los riesgos que alega.
Esto importa porque una cuestión central en los casos del STF es si una prohibición total fue proporcional. Sin acceso a su base técnica, los operadores no pueden poner a prueba las cifras del gobierno, ni para revertir la prohibición ni para buscar compensación por los R$30 millones que cada uno pagó por licencias de cinco años.
José Frederico Cimino Manssur, socio de Natal & Manssur Advogados especializado en contratos y regulación de apuestas, considera que la tarifa de licencia es un punto clave de disputa. “El gobierno autorizó operaciones por cinco años, recibió el pago y puso fin a la actividad antes de que ese período terminara”, afirmó.
La MP prohíbe expresamente cualquier reembolso, retención que Manssur considera impugnable por “confiscatoria”, y la Fiscalía General ya rechazó solicitudes de compensación. En opinión de Manssur, existen fundamentos para reembolsar la parte de la tarifa correspondiente al período en que las empresas tuvieron prohibido operar.
“Para las empresas que invirtieron en Brasil bajo reglas establecidas por el propio gobierno, la combinación de cierre anticipado, retención de la tarifa de licencia y secretismo profundiza la inseguridad jurídica”, afirmó.
Mientras tanto, el abogado anónimo señala una vía para desclasificar los documentos dentro del propio litigio. Según la ley que rige las impugnaciones constitucionales, el relator, el magistrado Luiz Fux, puede ordenar al gobierno que proporcione información adicional necesaria para resolver la disputa, y la clasificación del ministerio no vincula a los tribunales.
Manssur, quien no está involucrado en el caso, está de acuerdo. “Considero frágil una invocación genérica de seguridad pública, dada la importancia de la medida y sus consecuencias económicas”, afirmó.
Para Crisafulli, tal solicitud también debería cubrir las alternativas que el gobierno consideró antes de optar por una prohibición total, la única forma de comprobar si fue proporcional. “Si el razonamiento existe, debe confrontarse; si no existe, el silencio no puede convertirse en presunción de legitimidad”, afirmó.
Ya hay varias impugnaciones ante Fux, incluida una presentada por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) junto con el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), cuyos miembros incluyen operadores internacionales activos en Brasil. ANJL e IBJR no habían respondido a las preguntas de NEXT.io sobre si presentarían tal solicitud al momento de la publicación. Fraga afirmó que Stellar Gaming todavía está discutiendo con organismos del sector la mejor manera de solicitar acceso a los documentos.
El cálculo político podría apuntar en la misma dirección. Según Folha de S.Paulo, el gobierno cuenta con que el STF anule la ley de 2018 que legalizó las apuestas, evitando así una batalla en el Congreso.
El propio Fux argumentó en la audiencia pública del 3 de noviembre del tribunal que las apuestas en línea deberían prohibirse. Si esa estrategia se mantiene, el destino del mercado regulado podría decidirse sin que la base de la prohibición llegue nunca a hacerse pública.
La visión desde el mercado
Para Fraga, la falta de transparencia agrava el daño. Al ser una empresa totalmente brasileña, afirma que uno de los desafíos de Stellar Gaming es convencer a proveedores y socios extranjeros de que vale la pena invertir en el país y adaptar sus productos a las normas locales.
“El problema no se limita a los juegos y las apuestas: el mensaje llega a cualquier industria que esté considerando invertir en Brasil”, afirmó. “Un país necesita transparencia y seguridad jurídica para crecer. En este caso, creo que Brasil no logró ofrecer ninguna de las dos.”
Baptista, de Pay4Fun, plantea un argumento similar. “¿Cómo podemos planificar inversiones, preservar empleos o asumir compromisos a largo plazo cuando ni siquiera conocemos por completo los elementos técnicos detrás de un cambio tan radical?”, preguntó.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no respondió a la solicitud de comentarios de NEXT.io al momento de la publicación.