El Gobierno de Panamá ha promulgado una ley para prevenir la ludopatía y proteger a los grupos más vulnerables. La Ley 527 de 23 de mayo de 2026 establece controles más estrictos a casinos, plataformas digitales de apuestas y operadores online.
La normativa reconoce la ludopatía como una problemática de salud pública y propone mecanismos para mitigar los riesgos asociados al uso de plataformas digitales de apuestas, especialmente entre menores de edad y personas vulnerables.
La nueva ley obliga a las plataformas a implementar herramientas que permitan fijar límites de gasto y tiempo de juego para los usuarios, así como controles biométricos de identidad.
Por otro lado, los casinos y salas de máquinas tipo A deberán incorporar tecnologías de reconocimiento facial en sus sistemas de videovigilancia para identificar a personas excluidas por resolución de la Junta de Control de Juegos.
Otro punto a destacar es el robustecimiento de las facultades de la Junta de Control de Juegos para actuar contra operadores no autorizados.
Bajo la nueva legislación, la entidad podrá ordenar el bloqueo, suspensión o restricción de acceso a páginas web, aplicaciones, dominios y direcciones IP vinculadas con apuestas o juegos de azar que funcionen sin licencia en el país.
Quienes incumplan la normativa, enfrentarán multas de hasta un millón de balboas panameños (un millón de dólares estadounidenses).
Fondo para la prevención de la ludopatía
La ley crea, además, un fondo administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Instituto de Salud Mental para financiar programas de atención y tratamiento de personas afectadas por la adicción al juego.
Los recursos procederán del 0.5% de los ingresos anuales que pagan al Tesoro Nacional los operadores autorizados.
Asimismo, la Junta de Control de Juegos deberá llevar a cabo auditorías anuales a casinos, plataformas digitales y operadores de apuestas para garantizar que se cumpla la normativa.
Por último, la legislación ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación impulsar contenidos sobre ludopatía y peligros asociados a los juegos de azar en instituciones educativas oficiales y particulares. El objetivo es integrar la prevención de la adicción al juego como parte fundamental de la enseñanza.
El Órgano Ejecutivo tiene un plazo de seis meses para reglamentar la ley.