Para la Asociación Chilena de Casinos, la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar un nuevo sistema para que las plataformas extranjeras de juego online puedan pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el país es un “mecanismo de regularización encubierta”.
A través de un comunicado, el gremio manifestó su rechazo a la resolución del organismo fiscalizador que permite que operadores extranjeros de apuestas online puedan registrarse ante el SII para cumplir con sus obligaciones fiscales en el país. La medida busca incorporar estas actividades al sistema de recaudación del IVA siguiendo un mecanismo similar al empleado con otras plataformas digitales extranjeras.
El gremio remarcó que esta “señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad”.
Además, subrayaron que pagar impuestos “no transforma una actividad ilegal en legal” y que “la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria”.
Explicaron que las plataformas de apuestas online que operan desde el extranjero no están sujetas a las mismas normas jurídicas que rigen para las empresas locales en materia de fiscalización, protección de usuarios, prevención del acceso a menores de edad, trazabilidad de recursos y control de actividades ilícitas.
Es por esto que, según el gremio, el mecanismo “no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal”.
Por último, hicieron un llamado a avanzar en una normativa que brinde seguridad jurídica y condiciones justas y equitativas para todos los actores del sector.
“Como industria regulada, hacemos un llamado a las autoridades a resguardar la coherencia institucional del Estado, a restablecer la consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos de Juego y el propio SII, y a avanzar con urgencia en una regulación integral que garantice competencia leal, protección de los consumidores y certeza jurídica para el desarrollo de esta actividad”, concluyeron desde la asociación.