La situación que atraviesa Chile pone de manifiesto las contradicciones que conviven en el país en cuanto al abordaje de las apuestas online. Por un lado, las autoridades están recaudando impuestos de los operadores extranjeros; por otro, están bloqueando sus plataformas.
Desde julio rige en Chile una medida que obliga a los sitios web extranjeros a declarar y pagar IVA Digital (19%) por las transacciones que realizan en el país. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), ya se han registrado 39 plataformas de apuestas. La recaudación se hace de manera trimestral, y se espera que en el mes de octubre se recauden 100 millones de dólares.
Sin embargo, no existe un marco normativo específico que regule el mercado del juego online, por lo que las empresas internacionales, a pesar de pagar impuestos, no están sujetas a ningún tipo de supervisión en materia de protección de usuarios, prevención de acceso de menores y trazabilidad de operaciones.
El panorama es todavía más confuso si se tiene en cuenta un fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 que declaró la ilegalidad de las apuestas online y ordenó el bloqueo de todas las webs sin licencia. En lo que va de septiembre, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha ordenado el bloqueo de casi 80 plataformas de apuestas.
La medida del SII recibió críticas por parte de parlamentarios y gremios del sector, que la calificaron como una “regulación encubierta” de la actividad, mientras el sector pide sin éxito desde años una ley que lo regule.
Cabe mencionar que la decisión de la autoridad tributaria llegó en un contexto de creciente preocupación ante el avance de las economías ilícitas en Chile. Un informe reciente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) estima que los mercados ilícitos movilizan más de 5.700 millones de dólares al año y generan pérdidas de recaudación fiscal superiores a 1.500 millones. El juego online ilegal es uno de los mercados ilícitos de mayor valor: 625 millones durante 2025. De acuerdo con estimaciones de H2 Gambling Capital, el mercado podría alcanzar ingresos brutos anuales de 1.445 millones para 2030.
“Recaudar no es regular”, señaló Sandra Kemp, presidenta de la recién fundada Agrupación de iGaming Responsable, en diálogo con staging-latam.next.io/.
“El SII hizo lo que correspondía y lo vamos a cumplir. Pero un impuesto no permite verificar la edad de quienes se registran en un sitio web, ni crear un registro nacional de autoexclusión. Tampoco garantiza que se establezcan y cumplan límites de depósito por jugador ni que las empresas reporten a la Unidad de Análisis Financiero. A fin de cuentas, el Estado está poniendo parches porque lo que hace falta es una ley”, subrayó.
Un proyecto que avanza a paso lento
El proyecto de ley Boletín 14838-03, presentado en 2022, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Bajo esta normativa, solo podrán operar empresas con permiso de la Superintendencia de Casinos (que pasará a llamarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar). Las plataformas deberán pagar un impuesto específico del 20% sobre sus ingresos brutos, además de IVA. La iniciativa también establece un gravamen específico denominado “tasa de aporte al juego responsable”, que equivale al 1% de los ingresos brutos anuales de las sociedades operadoras.
“El vacío legal que existe actualmente genera riesgos y perjuicios a menores de edad, usuarios adultos, al Estado y a las plataformas que no pueden operar y competir en igualdad de condiciones en Chile. No legislar es la peor de todas las opciones disponibles ”, precisó Kemp.
Desde la entidad, proponen que la ley incluya una cláusula de revisión periódica.
“El regulador debería publicar con periodicidad la tasa de canalización, los indicadores de prevalencia del juego problemático y el uso efectivo de las herramientas de protección, y que la norma se ajuste según lo que esos datos muestran”, resaltó la abogada.
Añadió que “lo mejor sería un enfoque basado en riesgos y orientado a resultados, en lugar de imponer restricciones estrictas o desproporcionadas, o crear una carga fiscal insostenible”.
Exsecretaria ejecutiva de la ANFP lidera nuevo gremio de apuestas
Kemp asumió la presidencia de la Agrupación en julio de este año.
Entre 2021 y 2023, se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo.
“Siempre se espera más de las mujeres en estos puestos. A un hombre se le presume la idoneidad; a una mujer se le pide demostrarla y a veces más de una vez”, apuntó.
El fútbol y las apuestas siguen siendo mundos dominados por hombres, pero Kemp cree que los espacios cambian cuando alguien los habita. “Los entornos se transforman cuando alguien entra, no cuando se los describe desde afuera. Llegará el día en que deje de ser noticia que una mujer lidere estos ámbitos”, resaltó.
En cuanto a la relación entre el fútbol y las apuestas, Kemp explicó que hay más similitudes de las que parece. “En el fútbol, la profesionalización de la gobernanza fue muy posterior a la masividad del deporte, y eso tuvo un costo que se pagó durante años. Con las apuestas online está ocurriendo algo parecido: la actividad está en auge desde hace tiempo, pero el marco regulatorio todavía no llega”.
¿Qué esperar hacia adelante?
En junio, los integrantes de la Comisión de Economía del Senado acordaron conformar una mesa técnica con el Ejecutivo para afinar detalles del proyecto. La expectativa es que la iniciativa se destrabe más pronto que tarde.
El senador Gastón Saavedra, presidente de la Comisión, calificó de urgente la necesidad de regulación y manifestó formalmente su compromiso de sacar adelante el proyecto durante el año para que luego pase a la Sala del Senado y continúe su trámite hasta convertirse en ley.
Los distintos actores coinciden en que, tras cuatro años de debate, cualquier nueva demora en el tratamiento de la ley sería injustificable.
“Chile llega tarde a la discusión.También a promover la inversión extranjera. Países como Brasil, Colombia, Perú y Argentina ya han resuelto esta cuestión”, enfatizó Kemp.
Mientras el Congreso busca definir las condiciones para regular el mercado, las plataformas ya operan, los usuarios siguen apostando y el Estado comenzó a cobrar impuestos.
“Todo lo que hacemos hoy desde la Agrupación parte de un compromiso voluntario, pero debería ser una obligación legal para todos. La autorregulación es un puente, no un destino”, sentenció la titular del gremio.