El Consejo de Estado de Colombia ha suspendido de forma provisional varios apartados de la Resolución 20231000019054 de 2023, con la que Coljuegos había regulado la publicidad de las plataformas de apuestas autorizadas en el país.
La medida cautelar deja sin efecto, mientras avanza el proceso de nulidad, los límites a la inversión publicitaria, las sanciones, las multas y las causales de terminación unilateral de los contratos de concesión por incumplimientos relacionados con publicidad.
La decisión se produce a raíz de una demanda presentada por Sora Lawyers contra la regulación. Para el Alto Tribunal, algunas de las disposiciones de la norma podrían vulnerar principios constitucionales relacionados con la libertad económica y la libre competencia.
La suspensión incluye el artículo que establecía topes a la inversión publicitaria de los operadores. Esta regla fijaba un límite equivalente al 20% de una base calculada sobre los ingresos de las empresas o un máximo de 11.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
También, quedaron sin efecto provisional las normas que imponían sanciones, multas y causales de terminación unilateral de los contratos de concesión por incumplimientos relacionados con publicidad.
Asimismo, se suspendieron las reglas que permitían denegar contratos de concesión por cuestiones relacionadas con marcas registradas, publicidad o proveedores vinculados al operador. A ello se suman las obligaciones de presentar ante Coljuegos planes de inversión publicitaria y documentación detallada que respaldara los gastos de mercadeo.
Otro de los puntos anulados obligaba a obtener autorización previa del regulador para determinadas operaciones de compra de acciones en sociedades concesionarias. Esa condición aplicaba cuando existían circunstancias vinculadas con la actividad publicitaria.
Según Sora Lawyers, varias de las medidas excedían las competencias del regulador y perjudicaban derechos económicos y empresariales. El Alto Tribunal consideró que las objeciones eran fundadas en relación a la reserva legal necesaria para imponer sanciones y restricciones de ese tipo.
La firma ha dicho que la decisión supone “un paso importante para reforzar la seguridad jurídica del sector y garantizar un equilibrio entre la supervisión pública y los derechos de los operadores”.