El Gobierno de Brasil ha puesto en marcha una nueva normativa que busca frenar el avance de las plataformas no autorizadas de apuestas mediante el bloqueo de fondos vinculados a la actividad ilegal.
“Ninguna empresa que intente ofrecer juego ilegal va a funcionar en este país”, dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al anunciar la firma del Decreto nº 13.033, que obliga a los bancos a embargar los recursos procedentes de las apuestas online que operan sin licencia.
La medida reglamenta mecanismos previstos en la llamada Ley Antimafia y tiene por objetivo impedir la circulación de recursos derivados de plataformas de apuestas clandestinas y reforzar la lucha contra la financiación del crimen organizado.
El decreto autoriza a la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda a identificar operadores que actúen sin autorización y notificar a instituciones financieras, instituciones de pago y esquemas de pago para que interrumpan su actividad económica.
Las instituciones deberán bloquear, en un plazo de hasta 24 horas, las cuentas asociadas a las operaciones ilegales, así como implementar mecanismos para impedir el desarrollo de nuevas transacciones.
El Banco Central será informado simultáneamente de las notificaciones para acompañar el cumplimiento de las determinaciones y, a su vez, tendrá hasta 90 días para implementar el sistema electrónico que centralizará esta comunicación, en articulación con la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA).
Hasta entonces, las comunicaciones se realizarán a través del Sistema Electrónico de Información (SEI) del Gobierno federal.
La identificación de casas de apuestas no autorizadas podrá darse mediante fiscalización de la propia SPA, por denuncias presentadas por terceros o a partir del análisis de información relacionada con indicios de fraudes electrónicos.
A pesar de que el bloqueo tiene efecto inmediato, la medida se define en el texto como cautelar y no supone una sanción definitiva. Los operadores afectados tendrán derecho a la contradicción y a la amplia defensa en un proceso conducido por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, vinculada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Tras la conclusión del proceso administrativo, el Gobierno podrá solicitar a la Justicia que los montos congelados sean transferidos al Fondo Nacional de Seguridad Pública.
Según el ministro de Hacienda, Dario Durigan, el Gobierno ha detectado cerca de trescientos operadores detrás de casi 50.000 sitios de apuestas retirados de internet, que utilizaban unas tres decenas de instituciones financieras para procesar sus pagos.